La presencia de los Colegios Profesionales en una sanidad global es imprescindible desde el momento en que quedan enunciadas las premisas de ética y solidaridad que han de presidirla, y lo son porque, al margen de las Administraciones Públicas en la garantía del acceso a las prestaciones de los sistemas asistenciales públicos, son los únicos garantes del disfrute de prestaciones sanitarias en condiciones de solidaridad y ética y de progreso en la formación y en la calidad asistencial que los profesionales colegiados han de ofrecer.

Tienen derecho a ello los pacientes y los usuarios de los sistemas de salud, cualesquiera que éstos sean, y esta posición de garantía de los Colegios Profesionales no puede desaparecer.

La exigencia ética, el anteponer el interés del paciente al del profesional, que en materia de salud es tan esencial, hasta el punto en que el Convenio Europeo de Oviedo y la propia Ley 41/2002 básica reguladora de autonomía de los pacientes, exige, que toda intervención en el ámbito de la Sanidad, se efectúe dentro del respeto a las normas y obligaciones profesionales, exige, a su vez, los Colegios Profesionales. Decía D. Antonio Pedrol que para mantener la deontología, la humanidad no ha inventado todavía un medio mejor que los Colegios Profesionales.

Necesidad que se revela quizás con mucha más evidencia cuando el profesional sanitario se encuentra al servicio de un sistema de protección a la salud cuyas competencias no incluyen la garantía de la ética profesional, lo que dejaría al paciente indefenso frente a formas de prestación de servicio carentes de ética, no sancionables deontológicamente por la autoridad responsable del servicio.

Las noticias en este fin de semana del cierre de ocho clínicas dentales clandestinas son el ejemplo de cómo un Colegio Profesional, en este caso, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pueden coordinarse con el Ministerio del Interior y, en concreto, con la magnífica gestión de los agentes del Grupo V de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, para acabar con un ejercicio de riesgo al margen de la competencia profesional y de la ética, y en beneficio de la seguridad de los pacientes.

La instrucción inmediata por parte de las Autoridades Judiciales en las que se encuentra personado el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid como acusación particular pone de manifiesto la realidad de las palabras de ese gran jurista que fue D. Antonio Pedrol Ríus.

Publicado en Redacción Médica el Martes 5 de Julio de 2005. Número 149. AÑO I