El pasado miércoles entró en vigor el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, que tiene por objeto establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva. Aunque el Ministerio de Trabajo aseguró a Redacción Médica que "esta normativa afecta también a la sanidad pública y podrán desarrollarse acuerdos específicos", los profesionales se sienten desamparados ante su redactado, que solo hace mención al personal laboral, y exigen medidas de igual calado para la sanidad pública, altamente feminizada.

En este sentido, Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados, argumentaba a este diario que "sería obligado reflejar estas políticas también para los funcionarios de carrera e interinos en el ámbito de las administraciones públicas, que deberían ser ejemplarizantes en el impulso de la igualdad en el conjunto de la sociedad".