Noticias De Lorenzo Abogados

23
10
2021

EL CONTEXTO SOCIAL Y JURÍDICO «FAVORECE» LA IMPLANTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SANITARIOS


Es la hora. El actual contexto social y jurídico «favorece» la implantación de la resolución extrajudicial del conflicto sanitario. Es decir, poner en marcha métodos que permitan una gestión diferente de las reclamaciones en este ámbito, ofreciendo al reclamante otra vía que no sea la judicial. Pero hace falta «un cambio de mentalidad».

Así lo ha señalado Ofelia de Lorenzo, socia y directora del Área Jurídico Contenciosa en De Lorenzo Abogados y vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), durante su intervención en el taller ‘La hora de la resolución extrajudicial de conflictos’ que se ha celebrado en el marco del XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Y hay datos de dos proyectos que «prueban las bondades de este sistema». Este tipo de unidades de mediación existe en el grupo HM Hospitales y en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). En este último, por ejemplo, «se ofrece al reclamante en un plazo de dos o cuatro meses un estudio de viabilidad jurídica». Y un dato más: de los expedientes que se trataron, «en el 40% de los casos se llegó a un acuerdo amistoso».

Además, sobre la implantación de sistemas de resolución extrajudicial de conflicto sanitario ha hablado Joaquín Cayón de las Cuevas, jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad de Cantabria y director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario de IDIVAL-Universidad de Cantabria.

Objetivos

Cayón de las Cuevas ha propuesto un decálogo de cuáles tienen que ser los objetivos de un sistema extrajudicial. «Rapidez y disminución de burocracia, confidencialidad, abaratamiento de costes, honra a la víctima», entre otras características. «El sistema sanitario tiene que ofrecer resolver el conflicto sin llegar al sistema judicial», ha insistido.

Por su parte, Javier Villalba Rodríguez, director de Siniestros de BH Speciality Insurance, ha coincidido en la idea de que la resolución extrajudicial «disminuye el coste moral, así como el coste económico. Los beneficios son evidentes».

Además, Villalba ha sido crítico con la Administración Pública, ya que «la información que llega en lo referente a las reclamaciones tarda mucho».

Un punto en el que también ha coincidido Francisco Sánchez Mendo, director de Sanidad y Farmacia de Aon Risk Solutions, que ha puesto sobre la mesa la reticencia de compartir información y poder por parte de las Administraciones Públicas.

Sánchez también ha dado cifras del funcionamiento de la resolución extrajudicial de conflictos. «De los últimos 10.000 expedientes de Aon, solo se ha judicializado el 30%». En este sentido, ha señalado que «estas soluciones de mediación vienen también a traer humanidad en la gestión de los expedientes».



El Español

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21
10
2021

RICARDO DE LORENZO: “EL DERECHO SANITARIO CONTRIBUYE A QUE NO EXISTAN ‘AGUJEROS NEGROS’ QUE IMPIDAN LA SEGURIDAD JURÍDICA”


El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo De Lorenzo, ha sido el encargado de ofrecer el discurso de apertura de la XXVII edición Congreso Nacional de Derecho Sanitario en el que ha destacado que “el objetivo del Derecho Sanitario, además de seguir manteniendo el acercamiento adecuado entre el Derecho y las Profesiones Sanitarias, tiene como finalidad avanzar el Derecho al mismo ritmo que marcan los descubrimientos y conocimientos que proporcionan las Ciencias de la Salud”. Es decir, contribuye a “evitar la existencia de “agujeros negros” que impidan la seguridad jurídica”.

De Lorenzo ha explicado que cuando en febrero de 2020 se reunió el Comité Científico y la Junta Directiva de la AEDS, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, para elegir los temas a tratar en la presente edición, nada hacía presagiar que el primer caso reportado en diciembre de 2019 sobre un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida, generaría más de 235 millones de casos de la enfermedad en 258 países y territorios en el mundo, y 4.805.881 fallecidos. Llegando en España a un exceso de mortalidad en la pandemia por encima de los 100.000 fallecidos.

Según ha expuesto, “la libertad individual ha sido alterada en aras de la seguridad colectiva y la protección de la salud. Hemos aprendido, además, que hay distintas formas de gestionar una crisis”. Ha remarcado que “existe la impresión de que a partir de ahora nada será ya igual, por eso, es también momento, en el marco de nuestro Congreso, de hacer un repaso crítico a estos dos años de crisis sanitaria desde la perspectiva jurídica, siendo obligado reflexionar sobre lo pasado y sobre el futuro”.

De Lorenzo se ha mostrado partidario de “reflexionar sobre lo ocurrido, donde hemos descubierto la dimensión auténtica de la libertad: la de movimientos, la de expresión, la de información. Son tiempos para arrimar el hombro por una causa común sin dejar, por ello, de señalar las imperfecciones humanas y políticas en la toma de decisiones. Tiempos para rendir homenaje a los sanitarios, verdaderos héroes de esta pandemia, a los afectados por la enfermedad, a los miles de fallecidos (contabilizados o no) y a las penosas circunstancias atravesadas por sus familias. Han sido, sí, tiempos de examinar al poder que es la condición inderogable de la salud de la democracia”.

En el año 2016, en el marco del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, “nos adelantamos estudiando los problemas jurídicos asociados a las grandes crisis sanitarias”, ha recordado. Los profesores Íñigo de Miguel Beriaín, Cristóbal Belda, Fernando José García López, Emilio Armaza, y Ricardo De Lorenzo lanzaron un urgente aviso sobre la necesidad de una estrategia enfocada a trazar un marco ético-jurídico que diera una respuesta global a todas las grandes crisis sanitarias que pudieran presentarse en un futuro, ante la grave ausencia en nuestro país de un marco legislativo actualizado para poder luchar con eficacia contra estas crisis.

“La actual pandemia nos ha mostrado que teníamos razón, y vivimos con la cruda realidad, de que ahora todo se determine entre interpretaciones judiciales, lagunas legislativas, episodios de caos autonómicos, confinamientos perimetrales y agravios comparativos entre comunidades”, ha concluido.



Redacción Médica

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Acta Sanitaria

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19
10
2021

EL CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO VUELVE TRAS LA PANDEMIA


Tras el obligado parón con motivo de la pandemia, De Lorenzo Abogados vuelve el Congreso Anual de Derecho Sanitario que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre.

«La pandemia nos ha dado tiempo y justificación para tratar temas de máxima actualidad siguiendo con la firme intención de mantenernos como el máximo referente en nuestra especialidad, el derecho sanitario.»

El bufete De Lorenzo Abogados, expretos y referentes en derecho sanitario, organiza la XXVII edición.

Entrevista con Ofelia De Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa, sobre la dificultad de organizar un congreso de estas características inmersos aún en periodo de pandemia, los temas destacados de este congreso y la implicaciión de los pacientes en los asuntos más relevantes de esta cita anual de la sanidad española.



Entrevista completa en News Propatients

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12
10
2021

LA CONFIANZA ENTRE MÉDICO Y PACIENTE: LA SALUD YA NO ES CUESTIÓN DE SUERTE


El ser humano es falible. En el ámbito de la salud no existe prácticamente actuación sanitaria totalmente inocua. De hecho, pese a los esfuerzos por evitarlos, los errores van a seguir produciéndose y más un contexto tan complejo como el sanitario -incluidos en sistemas sanitarios tan desarrollados como en España-.

Pero los errores necesariamente deberían ser fuente de aprendizaje para construir un sistema sanitario más seguro y prestar servicios sanitarios de calidad. Todo ello es una estrategia necesaria para avanzar hacia una cobertura sanitaria universal efectiva de conformidad con el ODS 3 (salud y bienestar).

El Comité de Bioética de España en su informe de 28 de abril del 2021 sobre los aspectos éticos de la seguridad del paciente con cita a Sir Liam Donaldson ya advertía: "Errar es humano. Ocultar los errores es imperdonable. No aprender de ellos, no tiene justificación”.

La seguridad del paciente no solo se refiere a pacientes susceptibles de sufrir un daño. También hace referencia a los profesionales que permiten que el sistema de salud funcione a diario.

Antes de que con fecha 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comunicase que la covid-19 podría considerarse una pandemia, en materia de reclamaciones por supuestas negligencias médicas ya contábamos con un escenario absolutamente desolador. Como consecuencia de la creciente litigiosidad que se venía produciendo.

La causa es que, desde el punto de vista del paciente, la salud ya no es una cuestión de suerte, sino que se concibe como un derecho, lo que implica un cambio de actitud. Se pasa de una situación de sometimiento y resignación a otra de mayor exigencia de calidad y cantidad de prestaciones asistenciales.

La consecuencia lógica de esta creciente litigiosidad o judicialización de batas blancas es la práctica de una medicina defensiva. En definitiva, el empleo de una práctica asistencial, mediante el empleo de medios diagnósticos o terapéuticos, a demanda del usuario. Todo ello con el fin de evitar ser demandado o reclamado judicialmente.



El Español

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11
10
2021

POSEER LA CERTIFICACIÓN DE LA FDA EN PRODUCTOS SANITARIOS, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER CONCURRIR EN LICITACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA


Como consecuencia del anuncio de licitación para el suministro de implantes de prótesis de mama para un Servicio de Salud, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha determinado que no es obligatoria la necesidad de poseer la certificación de la Agencia Norteamericana del Medicamento, además de la certificación Europea (Marcado CE) para poder concurrir a la misma.

A este respecto, dentro del pliego del contrato de suministro, se establecía que los licitadores que tuviesen acreditación de la unión europea con el marcado CE, pero sin embargo no ostentasen la acreditación de la FDA, no podían concurrir a la mencionada licitación.

En consideración a la regulación de las licitaciones públicas y a la normativa sobre productos sanitarios en Europa, De Lorenzo Abogados interpuso Recurso Especial en Materia de Contratación en representación de una compañía licitante, que no poseía la certificación de la FDA (Food and Drug Administration).

En el escrito anteriormente mencionado, desde De Lorenzo Abogados se defendía que con dicha exclusión se vulneraba el principio de libertad de acceso a las licitaciones públicas, el de igualdad y discriminación del órgano de contratación.

Todo ello, debido a que en el contexto de licitaciones europeas, cualquier producto sanitario implantable que cuente con el marcado CE, cuenta con un nivel óptimo de calidad, dados los completos y complejos mecanismos de control sanitario que ejercen todos y cada uno de los organismos específicos en cada miembro de la unión europea (España: Agencia Española del Medicamento).

Finalmente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelve (Resolución Nº 1137/2021), estimando que las compañías que desarrollan su actividad comercial en Europa, no tienen el deber de desarrollarla en otros mercados o países, tales como Estados Unidos, ni más aún cumplir los requisitos de estos (acreditación FDA), toda vez que mediante la acreditación del Marcado CE se establecen los estándares de calidad obligatorios para poder circular los productos en el marco Europeo.

En conclusión, es probable que el nivel de excelencia de las prótesis se alcance poseyendo tanto el Marcado CE y como el de la FDA, sin embargo, en el marco europeo de las licitaciones públicas, supone una clara restricción de la competencia que conduce a una discriminación de los posibles licitadores.

Todo ello, entendiendo que al establecer como requisito mínimo a los licitadores acreditar ambos certificados (CE y FDA), no se proporciona un acceso a la licitación en condiciones de igualdad, al establecer obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia.

Artículo de Eduardo Alonso

11
10
2021

EL CONGRESO NACIONAL DE DERECHO ABORDA LOS NUEVOS DESAFÍOS JURÍDICOS TRAS LA COVID19


El 21 y 22 de octubre vuelve la cita de referencia del ámbito jurídico-sanitario, el XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, esta vez en formato híbrido. Relevantes personalidades del mundo jurídico, académico y profesional analizarán los nuevos desafíos jurídicos tras la Covid19.

La nueva edición se celebrará en el Complejo Duque de Pastrana, en Madrid, una sede versátil que se adapta, tanto a la situación sanitaria provocada por el coronavirus, como al nuevo formato.

El programa científico de este año se distribuye siguiendo el esquema clásico de esta cita, en mesas redondas, tertulias y talleres de trabajo, comunicaciones libres o presentación de novedades editoriales, escogidos siguiendo las orientaciones de la Comisión Científica de la Asociación y los problemas que los asociados han transmitido a la Junta Directiva "como más importantes y de mayor gravedad en su actividad diaria".

Así, el Congreso comenzará el jueves 21 de septiembre con la ponencia "Pandemias: información asistencial y comunicación", impartida por el presidente de HM Hospitales y vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Juan Abarca Cidón. Será presentado por Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Después será el turno del taller de trabajo de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), dedicado a “Covid-19 y responsabilidad. Análisis de una crisis jurídico-sanitaria”. Dirigido y moderado por Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del ramo de A.MA., contará con las intervenciones de Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos; César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Antonio Del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; y Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados.

A la conclusión de este taller, se realizará la entrega de Becas y Diplomas correspondientes a los alumnos de la IX Promoción del Título Universitario de Derecho Sanitario de la Universidad CEU San Pablo, cuya madrina es Raquel Murillo.

El XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario analizará la experiencia europea con las leyes reguladoras de eutanasia, en una mesa redonda moderada por Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España, con la participación de Ramin Parsa-Parsi, jefe del Área Internacional de la Asociación Médica de Alemania (BÄK); Jean François Rault, delegado general de Asuntos Europeos e Internacionales de la Orden de Médicos de Francia; René Héman, presidente de la Real Asociación Médica de los Países Bajos (KNMG); y Frank Ulrich Montgomery, presidente del Consejo de la Asociación Médica Mundial (AMM).

El segundo taller de trabajo será el de Promede, dedicado en esta edición a la resolución extrajudicial de conflictos, dirigido y moderado por Ofelia De Lorenzo, vicepresidenta 1ª de la Asociación Española de Derecho Sanitario, que contará como ponentes con Javier Villalba, director de siniestros de BH Speciality Insurance; Francisco Sánchez Mendo, director de Sanidad y Farmacia de Aon Risk Solutions; Yolanda Aguilar, de Plataforma REDES - Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario; y Joaquín Cayón, jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad de Cantabria.

El Congreso también contará con la clásica revisión a las novedades jurisprudenciales, dirigida por Alfonso Atela, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, con la intervención de Rafael Toledano, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Eduardo de Porres, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Juan Antonio Hernández Corchete, letrado del Tribunal Constitucional; y María Virginia García Alarcón, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por último, la tertulia médico-jurídica de Promede estará dedicada al lucro cesante derivado de la responsabilidad civil sanitaria. Dirigida por Juan Abarca Cidón, presidente y consejero delegado de Promede, moderada por Manuel Moya, director de Docencia de Promede, con María Rodríguez de Alba, directora de Responsabilidad Sanitaria de Promede como relatora; y como ponentes Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña; Teresa Criado del Río, profesora titular de Medicina legal y Forense de la Universidad de Zaragoza; Carlos Represas, director de Innovación de Promede; Carlos Sardinero, doctor en Medicina y en Derecho; y Rosa Mª Martínez Cal, responsable de lucro cesante de Promede.



Formulario de inscripción

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