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TURISMO SANITARIO Y REAL DECRETO-LEY 16/2012

El Boletín Oficial del Estado publicó el martes el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones cuyo objetivo será garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública y generar unos ahorros superiores a los 7.000 millones de euros en gasto sanitario.

El Real Decreto Ley 16/2012, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes y que entró ayer en vigor con su publicación, recoge modificaciones normativas en seis grandes áreas: Universalidad; E-Salud y cartera de servicios común; Gasto farmacéutico y cartera suplementaria; Medidas de eficiencia; Ordenación de los recursos humanos y Pacto sociosanitario. Por primera vez en la historia se establecen controles para evitar el denominado “turismo sanitario” y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud.

El 19 de enero de 2011, la UE aprobó una Directiva que regulaba la asistencia transfronteriza (Directiva 2011/24/UE) que no se aplicó en España ni por el gobierno del PSOE ni por el de las Comunidades Autónomas. En España residen oficialmente más de 3 millones de extranjeros de forma legal y a tenor de las estadísticas, unos 550.000 tienen más de 55 años. Pero con datos del informe del Tribunal Cuentas de 2009 aprobado recientemente, unos 700.000 extranjeros pasaron por los quirófanos españoles con un coste de 971 millones de euros.

Para ello el Real Decreto-Ley establece la correcta adaptación de la normativa, dado que el Real Decreto 240/2007, que traspone la anterior Directiva europea 2004/38, obvia el contenido del artículo 7, que establece una clara garantía para impedir que los ciudadanos de unos países abusen del sistema asistencial de otros, en concreto se omitió un párrafo crucial en el que se decía que los extranjeros podrían residir más de tres meses en otro país comunitario si trabajaban por cuenta ajena o si disponían “de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su periodo de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida”.

Error legal que nos ha costado 1.000 millones de euros en 2009 por la asistencia sanitaria prestada a 700.000 extranjeros sin recursos que no tenían derecho a ella, según el Informe del Tribunal Cuentas citado, sufragando la asistencia de 2.000 extranjeros residentes en nuestro país, pero que han recibido asistencia en su país natal y no cobrando la asistencia prestada a 127.692 pensionistas extranjeros residentes en España, cifra resultante de calcular las facturas emitidas por España por un total de 103.672 pensionistas extranjeros a sus países de origen mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de pensionistas extranjeros empadronados en España alcanza los 231.364, lo que arroja una diferencia de 127.692 personas a las que como decía, se atiende en España y por las que España no percibe nada.

Con ello garantizando la universalidad de la sanidad se pondrá fin a los abusos en las prestaciones sanitarias, permitiendo como no puede ser de otra manera la libre circulación, pero prohibiendo explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria publicitadas en páginas web que indican cómo hacer “turismo sanitario en España”, tales como:

http://ukinspain.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/living-in-spain/

http://immersivemedical.com/medical-tourism_spain_2.html/

http://www.treatitabroad.co.uk/MedicalTreatmentsInSpain.html

http://www.treatmentinspain.com/medical-tourists/surgery/costs/

Publicado en Redacción Médica el Jueves, 26 de abril de 2012. Número 1671. Año VIII.