La sanidad española supone un gasto anual de 70.000 millones de euros; representa el 6 por ciento del PIB cuando en los años ochenta era el 4,5; la mitad del gasto se corresponde con las retribuciones del personal y otro 25 por ciento lo absorbe la factura farmacéutica. Los datos son suficientemente elocuentes como para tratar de impulsar un pacto que permita analizar el futuro de la sostenibilidad de un sistema en el que cada año crecen sus beneficiarios, la cartera de prestaciones y los avances técnicos.

Sería, muy loable que las autoridades sanitarias intenten adelantarse a las posibles circunstancias de restricción del gasto y promuevan el pacto en el que sean inexcusables los principios de equidad, calidad asistencial, solidaridad, eficiencia, igualdad en las prestaciones y equilibrio financiero que proscriban la diferenciación de la cartera de servicios en función de la comunidad en la que se viva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1. 1 de la Constitución Española cuya razón de su existencia no es otro que evitar que el Estado evite que con el despliegue de las competencias autonómicas se puedan crear rupturas no tolerables (divergencias irrazonables y desproporcionadas).

Existe una percepción generalizada de que se abusa del sistema sanitario y la gratuidad figura entre las causas del abuso. No es éste el único problema, es cierto, pero no hay que seguir dejándolo de lado por no mencionarlo, y probablemente por ello el Ministerio de Sanidad y Política Social haya optado por una fórmula menos impopular para concienciar a los ciudadanos del coste real de los servicios que reciben de la sanidad. La ministra, Trinidad Jiménez, ha presentado que tras el verano se implantará una «factura en la sombra», en la que se precisará al paciente lo que cuestan las prestaciones y los medicamentos subvencionados por la sanidad pública, acompañada de folletos destinados a fomentar el adecuado uso de los servicios sanitarios.

Se trata, así, de una iniciativa disuasoria ensayada en algunos hospitales de Andalucía, trabajándose en estos momentos en la elaboración de una tasación estándar de los servicios con un coste igual para todo el sistema, todo ello con la intención de que los ciudadanos no tengan la sensación de que los servicios sanitarios son gratuitos y así intenten hacer un uso racional de servicios como las visitas a urgencias, las pruebas médicas y otras prestaciones y es que no se puede olvidar que España es el país de Europa en el que los ciudadanos van más veces al médico. Y muchas de esas consultas se podrían evitar con una buena prevención. La prevención con campañas de concienciación son útiles pero lo verdaderamente eficaz, la mejor herramienta, es evitar que aparezca la enfermedad. Es decir, las políticas primarias.

Aunque la ministra Trinidad Jiménez haya descartado la aplicación de copago y ahora hablemos de la “factura en la sombra, también se decía hace unas pocas semanas que no se iban a tocar las pensiones, ni el salario de los funcionarios y ya se ha podido ver lo que ha ocurrido. Y éste es el verdadero problema: la ausencia de un debate serio que implique a profesionales de la sanidad, gobiernos autonómicos, Estado y sociedad civil.

Publicado en Redacción médica el Martes, 22 de junio de 2010. Número 1258. Año VI.