La necesidad de implantar la tarjeta sanitaria electrónica, que permita consultar los datos clínicos del paciente desde cualquier región, ha vuelto al debate tras las declaraciones del ministro de Sanidad, Bernat Soria, en las que aseguró que el caso del Profesor Jesús Neira, profesor de Teoría del Estado en la Universidad Camilo José Cela, en coma tras defender de su agresor a una mujer, no hubiera tenido «complicaciones» de existir esta tarjeta ya que los médicos hubieran sabido que recibía un tratamiento con anticoagulantes por una dolencia cardíaca.
Con toda la razón y oportunidad de parte del ministro, lo que sí 
parece claro es que los proyectos para implantar en todas las comunidades la sanidad en línea o sin papeles, son tan diversos como viejos, y ahora la fecha dada por Soria para que todos los ciudadanos tengan esta tarjeta, el año 2009, se antoja casi imposible, ante la falta de acuerdo entre las diversas autoridades sanitarias para implantarla de forma homogénea, y de hecho, la mitad de las comunidades autónomas disponen de ella con desigual información y desigual seguridad en el cumplimiento de la protección de datos.
parece claro es que los proyectos para implantar en todas las comunidades la sanidad en línea o sin papeles, son tan diversos como viejos, y ahora la fecha dada por Soria para que todos los ciudadanos tengan esta tarjeta, el año 2009, se antoja casi imposible, ante la falta de acuerdo entre las diversas autoridades sanitarias para implantarla de forma homogénea, y de hecho, la mitad de las comunidades autónomas disponen de ella con desigual información y desigual seguridad en el cumplimiento de la protección de datos.Actualmente, y según los datos de Efe, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares disponen de esta tarjeta, con diferentes aplicaciones. Desde 2007, unos 7,8 millones de andaluces y 2,6 millones de gallegos disponen del documento con la historia clínica electrónico, fecha en que también se generalizó la tarjeta digital en el País Vasco tras comenzar su distribución entre los recién nacidos en el hospital vizcaíno de Cruces en 2001. La tarjeta vasca, llamada ONA, permite acceder a otros usos adicionales vía telemática, como tramitar la declaración de la renta o acceder a servicios municipales.
La informatización de los historiales de Baleares empezó en 2003 y terminó en 2005, momento en el que fue «la primera comunidad autónoma con una base de datos informatizada de todas las historias de salud de sus residentes». También han sido digitalizados los datos de los ciudadanos canarios a falta de informatizar la información de los consultorios locales.
Madrid tiene muy avanzada la implantación de la historia clínica digital y Cataluña, participa, en el proyecto europeo «epSOS» en el que está embarcado el Gobierno de España con otros once países europeos y que pretende el intercambio de información sanitaria entre los distintos países de la Unión Europea por donde transite un ciudadano. Navarra, La Rioja, Cantabria, Murcia, Extremadura y Asturias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no disponen de momento de esta tarjeta.
Pese a todo lo que tienen de positivo estas actuaciones, que, sin duda, han de ser bienvenidas, suscitan la duda de que quizás estemos construyendo una torre de Babel con intención de alcanzar el cielo y corramos el riesgo de la confusión y también de la dispersión. Ya se están trazando los perfiles de un sistema sanitario, totalmente informatizado, en el que la acción coordinada de Estado y Comunidades Autónomas se convierte en pieza esencial, cuando todavía no se han superado las discordancias existentes entre la Ley 41/2002 -es importante recordar, de carácter básico- y las diferentes normas autonómicas sobre información y documentación clínica.
Publicado en Redacción Médica el Viernes 5 de Septiembre de 2008. Número 767. Año IV