Organizaciones colegiales de naturaleza sanitaria sopesan recurrir, mediante la vía contencioso-administrativa, la reforma normativa del Gobierno que atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad de evaluar sus códigos deontológicos antes de su aprobación. Diferentes asociaciones médicas y enfermeras vienen denunciando que esta injerencia de la autoridad estatal estaría “fuera de la Ley”, y añaden que se asienta sobre unos presupuestos “que no son existentes”.

En el último tercio del pasado año, el Gobierno alumbró este real decreto con el que daba respuesta a la Directiva 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicha norma, que fue ratificada a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo mayo, establece que consejos generales y colegios profesionales de ámbito nacional “someterán sus propuestas de códigos deontológicos o de modificación de los mismos” al escrutinio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “para su evaluación antes de su aprobación”.

Consultado sobre esta voluntad de las organizaciones de profesionales, Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete De Lorenzo Abogados, explica a Redacción Médica que dicha vigilancia preventiva de la CNMC “infringe de forma palmaria y manifiesta el principio de autonomía normativa” de la Ley de Colegios Profesionales, que, añade, “no contempla ningún control externo de la legalidad en la elaboración y aprobación de los códigos deontológicos, exentos como están de cualquier injerencia administrativa”.

El letrado destaca que los estatutos generales son las únicas disposiciones normativas de las corporaciones colegiales “sujetas a un control de legalidad” que efectúa el Gobierno o Ministerio de adscripción con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina legal del Consejo de Estado. La nueva normativa, continúa, “asimila” a los códigos deontológicos esta vigilancia, aunque no por parte del Ejecutivo “sino por la autoridad estatal de competencia”.

“Creo que se está olvidando que estamos ante la figura de la corporación colegial como entidad de derecho público, con potestades públicas atribuidas por la ley, con un estructura y funcionamiento que es sectorial pero amparada por la Constitución Española y que se sitúan entre la Administración del Estado o la Administración autonómica y el administrado”, sentencia.

"Falta de independencia" de los colegios profesionales

Acerca de la necesidad de reforzar el control sobre este tipo de organizaciones, De Lorenzo se muestra tajante: “No hay ninguna —señala—. Únicamente ellas pueden garantizar la neutralidad en la aplicación de la normativa colegial y asegurar que en todo momento se respete y se proteja la independencia en la actuación facultativa de sus miembros, en el caso de los sanitarios”. Además, incide en que la independencia de los facultativos en el ejercicio de su profesión, su ética profesional y su responsabilidad deontológica y médica “exige un control independiente” ejercido por los colegios.

“El control deontológico que pudiera llevar a efecto la Administración frente a estos profesionales que trabajan o prestan sus servicios profesionales para ella choca con el grave inconveniente de la falta de independencia e imparcialidad de aquella, al tener que actuar en tales casos como enjuiciadora y parte”, concluye el también expresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS). A ello cabe añadir que el régimen sancionador que la autoridad estatal de competencia tuviera previsto “contemplaría una tipología de infracciones relacionadas con el vínculo que le une con el profesional funcionario y no con el propio acto profesional”.

En definitiva, subraya, “la nueva norma no se ajusta a Derecho”. “Ni los códigos deontológicos en general ni el de la Organización Médica Colegial, de reciente aprobación, reúnen las condiciones para ser sometidas durante su proceso de elaboración a una evaluación previa de proporcionalidad”, defiende.

De Lorenzo recuerda las palabras de Antonio Pedrol Rius, senador y jurista ya fallecido, abogando por la constitucionalización de los Colegios: “Cuando yo voy a ver a un médico le entrego, en una relación ilimitada de confianza por mi parte, mi salud y mi vida. Cuando un cliente viene a mi despacho, él me entrega, en esa relación de ilimitada confianza, su libertad, su honor y su patrimonio. Y cuando por parte del cliente se produce hacia el profesional esa entrega, como digo, tan ilimitada de confianza, es necesario que equilibremos esa relación, asegurando que el profesional respetará con honestidad las reglas propias de la deontología de cada una de esas profesiones”.

En el marco de la jornada ‘Mujer y profesión médica’ organizada por la Organización Médica Colegial con motivo del día internacional de la mujer, tuvo lugar la mesa de debate ‘Análisis de la normativa sobre igualdad y conciliación en la profesión médica’.

En esta, participaron Ofelia De Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y Mª Cruz Torres, letrada-asesora laboral del Colegio de Médicos de Alicante. Pilar Garzón, presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, moderó esta mesa.

Ofelia De Lorenzo hizo hincapié en la importancia de “tener información, formación y dar ejemplo, sobre todo, quienes tenemos un puesto de liderazgo”.

“Estoy convencida de que en mi generación (45 en adelante) casi todas las que tenemos un cargo de responsabilidad tenemos el síndrome de la impostora”, señaló. Un síndrome que va unido al miedo a ejercitar derechos, “al qué dirán”, y que, a su vez, está ligado a la falta de información, especificó la presidenta de la AEDS.

“A efectos de conciliación se ha avanzado muchísimo y cada vez hay una mayor solicitud de aplicación de la Ley de familias”. Una norma que tiene el objetivo de promover la igualdad, y que “el efecto que creemos que ha tenido en las plantillas sanitarias ha sido el de promover la corresponsabilidad”, añadió la abogada.

Asimismo, la experta ofreció algunas pinceladas de aspectos que prevé esta nueva Ley:

Permiso no retribuido de ocho semanas para el cuidado de menores de acogida.

Permiso especial por fuerza mayor de cuatro días al año (retribuido)

Ampliación del permiso retribuido por enfermedad atender a familiares, cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado, que ahora tiene una duración de hasta 5 días

Extensión del permiso de matrimonio de 15 días naturales a las parejas de hecho

Modificación en la solicitud de adaptación de jornada

Causas nuevas de nulidad de despido

Aunque “a efectos prácticos esta ley puede tener un efecto negativo para la empresa. La realidad es que obliga a que las empresas abran los ojos y se actualicen”. Para equiparar los derechos de mujeres y hombres, las empresas deber prever y planificar en materia de recursos humanos, y evitar sobrecargar a los trabajadores, indicó De Lorenzo.

“En materia de protección nos encontramos con disparidad absoluta tanto entre comunidades autónomas como con el hecho de que se pueda judicializar un procedimiento, y con que un juez o jueza pueda entender una cosa, y otro algo totalmente distinto”.

De acuerdo con esta experta, cualquier cambio de mentalidad o de cultura “es una carrera de fondo. Tenemos que pelear para que sea normal que una mujer llegue a un puesto de liderazgo o para que un padre se coja su baja de paternidad y no pongamos cara de asombro. Llegará, y es cuestión de seguir avanzando. Si no se protegen las situaciones inherentes a la mujer como puede ser el embarazo, se da una discriminación”, concluyó.

El Consejo de Estado será quién tenga la última palabra sobre el Real Decreto que quiere atribuir a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la capacidad de realizar una evaluación previa a la aprobación de los códigos deontológicos de los colegios y consejos profesionales generó un rechazo inmediato por parte de estos.

En un informe al que ha tenido acceso Redacción Médica, en el que director jurídico del Consejo General de Médicos, Ricardo De Lorenzo y Montero , analiza la repercusión de los informes sobre el RD emitidos por el Consejo Económico Social (CES) y la propia @CNMC. El profesional explica que el proyecto "va a continuar su decurso" y que "la suerte y contenido final del proyecto dependerá con bastante probabilidad del pronunciamiento del Consejo de Estado" aunque, recuerda el resultado es "es preceptivo y no obstante su carácter no vinculante". Además, De Lorenzo, ha recalcado que "la iniciativa indicada modificatoria del Real Decreto 472/2021, no se ajusta a Derecho".

De Lorenzo explica en el documento que, aunque el CES es más crítico con el borrador, ninguna de las organizaciones apoya directamente la retirada del RD algo que, desde la OMC, aseguran que tendrá como resultado que el proyecto llegue a la tramitación. De esta manera, hace hincapié en que la responsabilidad final, por el momento, recae en el Consejo de Estado.

Falta de transparencia en el proceso

Por otro lado, el análisis de la organización médica destaca la falta de transparencia del RD en relación con los requerimientos europeos para adaptar nuestra normativa, razón principal del cambio planteado por el Gobierno. El abogado recuerda que "la publicación de ambos informes revela que esta iniciativa normativa es consecuencia última de la emisión por la Comisión Europea de un dictamen motivado en el que considera que se ha producido un defecto en la transposición de la Directiva (UE) 2018/958 al estimar que los códigos deontológicos de los Colegios Profesionales no se someten a una evaluación objetiva e independiente en el marco de test de proporcionalidad". Algo relevante pues, según refleja el documento de la OMC, esta es "una noticia que en ningún momento fue puesta de manifiesto durante el trámite de consulta practicado y al que, injustificadamente, ni siquiera se hacía referencia en la exposición de motivos del Proyecto de Real Decreto".

De esta manera, pone en valor la lectura que hace el CES, que critica que "hubiera sido deseable acompañar a la solicitud de dictamen la Carta de emplazamiento remitida a España por la Comisión para comunicar la apertura de un procedimiento de infracción y la respuesta a la misma". Esta omisión, aseguran desde el CES "dificulta en gran medida valorar el alcance concreto de los requerimientos del organismo europeo, así como ponderar la idoneidad del procedimiento que articula el Proyecto para darles satisfacción".

Contradicción en el RD

Asimismo, De Lorenzo analiza las conclusiones de la CNMC y destaca dos de sus valoraciones, indicando que la primera "evidencia una contradicción lógica que no se salva". En este caso se refiere a que los Colegios Profesionales no deberían ser considerados a priori como "autoridades competentes para la regulación", lo que no era óbice a que el Dictamen de la Comisión Europea detectara la "potencialidad regulatoria de los códigos deontológicos". Esto es algo que, a juicio de la CNMC "podría entenderse como una extralimitación de las competencias de las corporaciones por lo que compartía la necesidad de establecer medidas para evitar efectos indeseados".

La segunda valoración tiene relación con la función de evaluación de los Colegios. El informe de la CNMC refleja que esta "debería abarcar también a los códigos deontológicos ya aprobados y no solo como hace el Proyecto a las nuevas propuestas de modificación". Una situación que, aseguran desde la OMC, "entrañaría una aplicación retroactiva de sus disposiciones, que no debería tener mucho recorrido en la elaboración de la disposición".

Ofelia De Lorenzo, ya es una de las Top 100 Mujeres Líderes en España, el mayor ranking de liderazgo femenino en España. Socia Directora del Área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados y presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) se convierte así en una de las referentes del sector legal. “Vivo con mucho honor e ilusión estar en esta privilegiada lista junto a mujeres maravillosas. Para mí es un reconocimiento al trabajo y al compromiso activo con mi profesión" -declaró la abogada.

El Teatro Real de Madrid, que ha acogido la celebración de la XI gala de las Top 100 Mujeres Líderes en España, fue el escenario donde brillaron las 100 elegidas. La iniciativa de ‘Magas’ de El Español, liderada por Cruz Sánchez de Lara, desempeña un papel fundamental para visibilizar el talento femenino.

Desde su creación en 2011 por la periodista argentina Mercedes Wullich, más de 5.000 mujeres han sido designadas candidatas y elegidas, y, ciento cincuenta de las cuales, se han convertido en honorarias. Desde sus inicios, el objetivo del ranking, ha sido impulsar la presencia de mujeres en todos los ámbitos y fomentar la diversidad y de la igualdad por parte de empresas y organizaciones.

Una noche especial y una falda solidaria

Ofelia De Lorenzo, vestida con falda de APRAMP (Asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual) fue reconocida en la categoría ‘Profesionales Independientes y Consejeras’. Su elección, ha puesto en valor la dirección que ejerce de Plataforma REDES (Resolución Extrajudicial de Conflictos en Derecho Sanitario) actividad que compagina con el ejercicio de la abogacía en su despacho De Lorenzo Abogados con una fuerte presencia institucional en todos los foros de derecho sanitario. Ofelia, que se ha convertido en una de las voces con más presencia en nuestro país en su campo, ha ocupado puestos como la Secretaría General del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ofelia, que se ha convertido en una de las voces con más presencia en nuestro país en su campo, ha ocupado puestos como la Secretaría General del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Es miembro del Observatorio legislativo de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, del Comité de ética de asistencia sanitaria (CEAS) de HM Hospitales, además de vicepresidenta 2ª de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario. Ha participado con diferentes cargos en la Comisión Organizadora de diez congresos nacionales y dos internacionales de Derecho Sanitario (AEDS)

En el ámbito docente, ha sido y es profesora de cursos de posgrado en la Universidad San Pablo-CEU, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público/ Euskal Herriko Unibertsitatea; Universidad de Cantabria y Universidad Austral de Argentina. Conferenciante habitual en Seminarios, Talleres y Congresos, nacionales e internacionales relacionados con la especialidad -Derecho Sanitario y Bioderecho-.

Es profesora del Máster Universitario en Derecho Sanitario, y del Máster Universitario de valoración del daño corporal pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Activa autora de libros y artículos es coautora de títulos tan diversos como “Claves Prácticas Sanitarias: Responsabilidad Profesional Sanitaria”; "Aspectos Legales del acto médico en otorrinolaringología y patología Cervicofacial Gastroenterologia. Endoscopia diagnóstica y terapéutica", "Psiquiatría y Ley”, "Células madre de cordón umbilical y medicina Regenerativa”. “Aspectos legales en Ginecología y Obstetricia” “responsabilidad Profesional Sanitaria” y Bioderecho y retos. M-Health, genética. IA, robótica y criogenización”. Con innumerables artículos, colabora habitualmente con Redacción Médica y New Médical Economics entre otros.

Los avances científicos y tecnológicos arrastran consigo interrogantes jurídicos y éticos a los que el Derecho sanitario deberá comenzar a dar respuesta este mismo 2024. En efecto, la inteligencia artificial “va a cumplir un papel creciente” en el sector, apunta la presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ofelia De Lorenzo, quien enfatiza además los ‘deberes pendientes’ de España en materias como el déficit de profesionales, el desarrollo de medicamentos estratégicos o incluso el blindaje del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante futuras pandemias.

Sobre este último asunto, la presidenta de la AEDS se muestra tajante: “Habrá más pandemias y sigue siendo necesario, desde el Derecho sanitario, trazar un marco ético-jurídico que dé respuesta a las crisis sanitarias”. En declaraciones a Redacción Médica, De Lorenzo lamenta que no se hayan extraído “las debidas enseñanzas” tras el Covid-19, como demuestra el hecho de que las autoridades de salud no dispongan todavía de las “herramientas jurídicas suficientes para evitar que se judicialicen todas y cada una de las medidas que se adopten en pro de la salud pública”. Un asunto que, de hecho, es de máxima actualidad dadas las dudas legales que se desprenden del regreso a la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales.

“En octubre del 2016, con motivo del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, se debatieron los problemas jurídicos que pudieran venir asociados a las grandes crisis sanitarias (químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y/o terroristas) y el fundamental es que las dos grandes normas de salud pública en España, aunque permiten tomar medidas, son muy inconcretas; de hecho, la Ley General de Salud Pública del 2011 está aún sin desarrollar”, subraya.

La normativa vigente deja fuera de toda duda la potestad del Ministerio de Sanidad para imponer el uso obligatorio de mascarillas en los hospitales y centros de salud de todas las comunidades autónomas (CCAA). Aunque las competencias sanitarias estén transferidas a los gobiernos regionales, la “urgente necesidad” derivada del repute de casos de gripe y covid y la saturación de los servicios sanitarios avala la decisión.

La intención del departamento de Mónica García, si no se volviera a llegar a un consenso con las CCAA en lo referente el uso obligado de mascarillas 48 horas después del Consejo Interterritorial celebrado este lunes, es la de actuar de oficio al respecto mediante una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública, una medida reflejada en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete homónimo y experto en Derecho Sanitario, indica a Redacción Médica que, en principio, aunque recurrir a una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública corresponde al Ministerio de Sanidad, este necesita contar con el beneplácito del Consejo Interterritorial, “salvo en situaciones de urgente necesidad”. He ahí el quid de la cuestión. En esos casos, “se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se informará al Interterritorial de ello de manera urgente”.

El experto recuerda que, de hecho, la fórmula por la que optará Sanidad es la misma que se empleó durante la pandemia de coronavirus para limitar los derechos fundamentales de movilidad y actividad laboral y comercial, como el recorte de los horarios en la hostelería, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle.

“Al terminar el estado de alarma, las comunidades habían recuperado sus competencias en materia de sanidad, pero el ministerio recurrió a ese mecanismo para unificar restricciones concretas”, explica, aunque, en relación a la situación actual, advierte de que, tal y como ya hicieron algunos de los consejeros autonómicos este lunes: “No se ha tenido en cuenta a la Comisión de Salud Pública y Ponencia de Vacunas, no se ha cumplido el procedimiento y no se ha convocado previamente el órgano técnico, que en este caso es la Comisión de Salud Pública”.