El pasado día 16 de febrero el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Reguladora de la Protección de las Personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La finalidad de dicha norma es otorgar una protección adecuada para el denunciante y crear unos canales de denuncia para que se pueda informar sobre actuaciones empresariales que puedan ser constitutivas de infracciones tanto penal como administrativa graves o muy graves, cuyas sanciones pueden llegar hasta un millón de euros, y cuya información se haya obtenido en un contexto laboral o profesional.

Esta norma resulta de aplicación tanto a empresas con más de 50 trabajadores, como a las Administraciones Públicas, imponiéndoles la obligación de contar con un Canal de Denuncias (o sistema interno de información según lo define la Ley) y un Responsable del mismo, cuya misión será informar sobre dicho canal, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión, exigiendo a las entidades contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas realizadas.

La norma protege a los whistleblowers o informantes, quienes podrán denunciar tanto a través del canal interno como un canal externo de información, Autoridad Independiente de Protección del Informante, garantizándose tanto la confidencialidad como la protección frente a represalias.

Desde De Lorenzo Abogados ofrecemos un sistema de asesoramiento para la implantación del canal de denuncias, adaptado a los procedimientos y normativa interna de cada entidad, proporcionando una colaboración activa con el Responsable del Sistema para el cumplimiento y tramitación de las obligaciones recogidas en la Ley.

Para solicitar información: compliance@delorenzoabogados.es