Para De Lorenzo La solución extrajudicial de conflictos en el ámbito sanitario representa hoy un fenómeno imparable al que cada vez resultan más sensibles los propios jueces, convirtiéndose en máxima actualidad. Estos mecanismos de resolución de conflictos aparecen ante la sociedad y los poderes públicos como una poderosa herramienta para evitar el recurso a la demanda judicial, ya que ésta es más costosa, larga y, en la mayoría de las ocasiones, insatisfactoria, cuando menos para una de las partes.

En el conjunto del sistema sanitario y especialmente en el sector público se producen a diario reclamaciones por parte de los pacientes y de sus familias cuya resolución por vía judicial está revestida de incertidumbre en el tiempo de tramitación y en las cuantías indemnizatorias. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha incorporado en los pliegos de contratación de su seguro de responsabilidad sanitaria una cláusula novedosa, como la de contar con un “servicio de coordinación de conflictos”, que permita de forma alternativa a la judicial dirimir una reclamación por un daño sanitario. Este servicio deberá cumplir con los criterios de “voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad”.