De Lorenzo Abogados ha recibido la visita de la directora académica de la Diplomatura en Derecho de la Salud de la Universidad Austral, Argentina, la Dra. Nelly Espino. En la imagen junto a Ricardo De Lorenzo Aparici y Ofelia De Lorenzo. Se trata de un encuentro que ha servido para potenciar sinergias y continuar con la línea de colaboración en Derecho Sanitario entre España y Argentina.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), es decir, la mediación de conflictos como alternativa a la judicialización se está haciendo fuerte en el sector sanitario. Así lo han indicado los expertos reunidos en el IV Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

"Hay que evitar cualquier judicialización del conflicto. Ya se están aplicando los métodos adecuados en el sector", ha indicado Ofelia de Lorenzo, que ha defendido la mediación, sobre todo, para resolver la necesidades de los reclamantes.

Los beneficios de esta metodología están en unos plazos más cortos para resolución de conflictos y una mayor comprensión ante la situación del reclamante, que suele ser un paciente.

En este sentido, Amparo Quintana, secretaria general del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), ha recordado que en "los conflictos sanitarios la emoción está muy arraigada". Además, ha recordado que pueden abarcar muchas áreas de trabajo: "es extensísimo".

"No hay ninguna duda de que los MASC son una buena fórmula para hacer justicia", ha indicado María Jesús Hernando, manager de Indemnización Judicial de Relyens en España. Ha destacado que la mediación permite que "la reclamación tenga una vida más corta" que si se lleva a la judicialización.

"La judicialización es un riesgo que debe evitarse, No queremos la resolución judicial". Aparte, destaca que la mediación supone una humanización de estos procesos cuando se trata de un paciente que reclama por un error sanitario. "Se habla de su caso, se reconoce un error y se siente escuchado, comprendido y reconocido".

"Las compañías tenemos en la sangre la negociación", ha añadido Javier Villalba, responsable de Siniestros de Berkshire Hathaway. "Primero, por humanidad. Tras constatarse el error, lo primero es la solución. El problema es que no podemos devolver la salud, sólo podemos compensar con dinero".

"El gran enemigo que tenemos es el tiempo. Todo lo que implique una solución para abreviar los tiempos de indemnización, lo tenemos muy dentro de nuestro hacer".

Por otro lado, Julio Villanueva Florez, director médico de la Unidad Jurídica Interdisciplinar (UJI) de HM Hospitales, han indicado que su compañía hace más de una década que emplea esta metodología, precisamente por el incremento de reclamaciones por parte de pacientes que surgió tras la crisis financiera.

Información

Ante la amplia judicialización de las mismas, se comenzó a plantear buscar una solución. Ahí, fueron conscientes de que "en el núcleo de estas reclamaciones había una falta de información o de compresión de la misma".

"De ahí viene la mayoría de las reclamaciones." lo cual llevó a la creación de la UJI de HM Hospitales. "Se parece a la mediación, pero es una unidad jurídica interdisciplinaria". Funciona, además, con una inspección pericial externa el apoyo de despachos abogados especializados en mediación, especialmente sanitaria.

La clave, ha insistido Villanueva, es ponerse en contacto con el paciente y escucharle, "Con eso empezamos a obtener resultados". De hecho, logran un "gran porcentaje de satisfacción" por parte de los reclamantes.

En el marco de la tercera edición de la Escuela de la Profesión Médica, que se celebra en Santander del 20 al 22 de septiembre, se ha llevado a cabo un encuentro de trabajo centrado en la publicidad sanitaria donde se ha puesto en relieve la necesidad de contar con un mayor conocimiento de la normativa legal y deontológica para proteger tanto a profesionales como pacientes.

La mesa estuvo coordinada por la vicepresidenta segunda del Consejo General de Médicos, la Dra. Rosa Arroyo, y contó con la participación de las presidentas de los colegios de médicos de Guipúzcoa y la Rioja, Carmen Solorzano e Inmaculada Martínez, respectivamente, junto a Ofelia De Lorenzo, socia-directora del Área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados

La Dra. Arroyo introdujo el encuentro resaltando la necesidad de actualizar los conocimientos de la profesión sobre el marco legal y deontológico de la publicidad sanitaria a la luz del nuevo Código de Deontología Médica, recogido en los capítulos XXII y XXV; así como de analizar el papel de los colegios de médicos en este ámbito.

“Nuestro papel en esta materia es tanto la responsabilidad estatutaria de velar por la calidad, como la seguridad de los servicios que prestan sus colegiados, adecuada a la mejor evidencia científica clínica disponible como la de informar de los riesgos que suponen determinadas prácticas de publicidad de sus actividades y la responsabilidad profesional que pueda derivar” – explicó. Además, hizo hincapié en abordar en la nueva regulación la situación actual por el uso de internet y las redes sociales y el cambio de paradigma que éste supone.

Ofelia De Lorenzo remarcó que uno de los grandes problemas o retos que existen en este ámbito es la dispersión respecto a la normativa la cual “induce a error”. En este sentido, apuntó a que no todas las Comunidades Autónomas cuentan con normativa ni procedimientos específicos para llevar a cabo un buen control, lo cual favorece que exista mucho desconocimiento de la norma.

Otro de los aspectos en lo que centró su intervención fue en explicar que “no se compra la salud, el paciente tiene que consentir un tratamiento prescrito por un profesional médico que tiene que proporcionar información veraz basado en evidencia científica. Esto hay que trasladárselo a los profesionales porque no se puede traspasar ese principio de autonomía”.

La presidenta del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, Dra. Carmen Solorzano, hizo un exhaustivo repaso del nuevo marco deontológico en este ámbito tras la aprobación del nuevo Código Central de Deontología en diciembre de 2022.

Hizo especial mención a los artículos 87.1, 89.1 y 93 que recogen la norma ética en este ámbito. Así citó algunas de las partes más destacadas como que “los mensajes publicitarios no pueden vulnerar ni la dignidad de las personas ni la de la profesión médica y que es contrario a la Deontología Médica utilizar la publicidad para propagar conceptos infundados, fomentar esperanzas engañosas de alivio o curación, proponer como eficaces procedimientos que no tienen la mejor evidencia científica disponible o promover falsas necesidades relacionadas con la salud”.

La Dra. Inmaculada Martínez planteó el papel de los colegios de médicos ante este reto y señaló la importancia de “informar correctamente a los colegiados de que pueden y deben de hacer para evitar problemas relacionados con la publicidad sanitaria. Los colegios tenemos que velar por nuestros colegiados

“Es imprescindible que entendamos bien el marco legal que tenemos para que no cometer errores derivados del marketing, este debe de ser uno de los objetivos de nuestra institución qué sepan lo que si, y lo que no se puede publicitar, informar que pueden publicitar y que no.

La UCJC en colaboración con la Asociación Española de Derecho Sanitario, con sede en Madrid, imparte el Máster en Derecho Sanitario. Su contenido, tanto científico como práctico, está dirigido a profesionales que desean desarrollar o mejorar sus capacidades directivas y gerenciales en nuestro sistema sanitario, en el sector privado o público, en la provisión de servicios asistenciales o en su aseguramiento.

La importancia de una formación en derecho sanitario se hace evidente en los últimos años, no sólo por las importantes modificaciones legales producidas o en trámite de modificación en nuestro país en estas materias, sino por la aplicación del Derecho Internacional, más concretamente el de la Unión Europea. La influencia de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS COVID 19 y los acelerados avances de las ciencias biomédicas están generando una viva discusión sobre múltiples aspectos que obligan al derecho a responder o actualizarse con igual celeridad. Todo ello afecta de manera particular a las profesiones sanitarias, así como también en ámbitos tan relevantes como la gestión, acreditación de instituciones, economía de la salud y la instauración de políticas sanitarias.

De la especificidad del acto sanitario en términos de gestión, complejidad técnica y responsabilidad profesional surge la necesidad de una formación no sólo académica sino también profesional.

En ésta se abordan las cuestiones derivadas de los fenómenos constitucional y comunitario:

- Las peculiaridades de la huelga de sus relaciones con los ciudadanos y la salud.

- La cuestión de la responsabilidad de las profesiones sanitarias.

- La configuración de los servicios sanitarios como un bien de consumo.

- Los progresos de la tecnología.

- La afirmación del principio de autonomía.

- La relación médico-paciente.

- La influencia de factores económicos extraños al quehacer sanitario, pero que repercuten en la toma de sus decisiones.

- La eutanasia y la muerte digna, la objeción de conciencia, referida exclusivamente al marco sanitario.

- Los trasplantes de órganos, la esterilización, la experimentación en seres humanos, la fecundación “in vitro” o la ingeniería genética.

- Los derechos y deberes de usuarios y pacientes.

Se da respuesta a la necesidad de tener un conocimiento detallado de las particularidades que el Derecho Sanitario establece en nuestra sociedad, en su más amplio sentido de ciencia sanitaria o ciencia de la salud. De ahí la necesidad de este máster en derecho sanitario en Madrid en el que se recoge toda esta materia desde el punto de vista científico e investigador. Además, se propone un foro de trabajo universitario correctamente acreditado, tanto desde el ámbito administrativo como por el prestigio y experiencia del profesorado.

Nuestro presidente Ricardo De Lorenzo ha tomado posesión como Académico de Honor de la Academia de Ciencias Odontológicas de España.

En un acto solemne, celebrado en la Real Academia Nacional de Farmacia, responsables y voces autorizadas del ámbito de la salud bucodental han aplaudido la trayectoria y la contribución de De Lorenzo desde el Derecho.

Durante su intervención, ha querido poner el foco sobre el campo del consentimiento informado de los pacientes, una figura que “ha tardado varios lustros en consolidarse” pese a que se hizo realidad mediante la Ley General de Salud de 1986. “Incluso sigue percibiéndose, en algunos medios, más como una exigencia documental que como un elemento de Derecho”, ha lamentado.

En este sentido, De Lorenzo ha reivindicado el derecho a la autonomía del paciente “entendida como la capacidad de autogobierno” suficiente para elegir, “en base a una apreciación personal”, en el proceder sobre su salud. “Esta autonomía tiene que tener a la libertad como complemento, aunque tenga ante sí la frontera que le impone su relación con otras personas”, ha manifestado ante las decenas de personas que han acudido a arroparle en la sede de la Real Academia Nacional de Farmacia de Madrid.

“Dentistas y clínicas pueden caer en la trampa de creer que lo único que necesitan es que el paciente estampe su firme en ese documento y no documentar la información que se le brinda al paciente para ayudarle a conformar una determinación, algo mucho más difícil”, ha continuado.

Ricardo De Lorenzo es doctor en Derecho, presidente de honor del bufete que lleva su nombre, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM); académico correspondiente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y Nacional de Medicina de España y académico corresponsal de la Academia Médico Quirúrgica de Lugo. Está en posesión, entre otras, de la Medalla al Mérito en el servicio a la Abogacía Española y la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

¿Qué responsabilidad tiene el perito médico si tiene falta de objetividad? Esta es la pregunta que se quedó “pendiente” en la última tertulia médico jurídica organizada por Promede y la razón por la que se ha celebrado una segunda edición de esta reunión. De esta manera, este lunes el Hospital Universitario HM Sanchinarro ha acogido la segunda parte de la tertulia “Concepto actual de objetividad e imparcialidad del perito médico”, en la que varios expertos han planteado qué delitos puede cometer un perito médico y las dificultades que existen a la hora de determinar si con el perito ha incurrido en un delito.

“Vimos la necesidad de completar la última tertulia, y por ello la idea es repetir la jornada, con los mismos ponentes”, ha asegurado Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales en la presentación de la tertulia.

Por su parte Ofelia De Lorenzo, socia directora del Área de Jurídico-Contenciosa de De Lorenzo Abogados, y presidenta de AEDS, ha recordado que “determinar un delito de falsedad en este ámbito es muy difícil”. Dentro de los casos en los que se puede determinar si se ha incurrido en una “estafa procesal”, De Lorenzo recuerda que la “responsabilidad más exigible” y que ayuda a poner límites en esta situación es la deontológica. “Esto lo encontramos regulado en el código de deontología médica”, ha recordado la presidenta de AEDS.