De Lorenzo Abogados News

24
03
2022

NUEVA LEY DE SANIDAD: CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA Y PAPEL DEL MINISTERIO


Parte del sector sanitario considera que la Ley General de Sanidad está obsoleta. Después de 36 años en vigor, agentes del sector como la sanidad privada o del derecho sanitario coinciden en que urge la creación de una normativa nueva que se ajuste a la realidad actual, especialmente después de la pandemia provocada por el Covid-19. Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, reconoce a Redacción Médica que es necesario redefinir el papel del Ministerio de Sanidad e incluir una financiación específica para que ésta siga siendo efectiva, entre otras incorporaciones.

“Es indudable que la Ley General de Sanidad supuso un hito en nuestra historia sanitaria y social, pero tras el tiempo trascurrido y con todos los “arreglos” instaurados bajo distintas ideologías políticas, la ley ha perdido efectividad”, argumenta. De este modo, defiende que “es el momento de volver a reivindicar los valores básicos de universalidad, gratuidad, igualdad, accesibilidad, calidad y participación”.

Con este objetivo, señala que la nueva Ley General de Sanidad debe definir el papel del Ministerio de Sanidad o del Consejo Interterritorial como guías del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como vincular el derecho a la salud y la asistencia sanitaria al concepto de ciudadanía.

Igualmente, añade que debe cumplir con otros “planteamientos básicos” como garantizar la sostenibilidad financiera del SNS “mediante una regulación y desarrollo del Fondo de Cohesión o una regulación específica de la financiación sanitaria", conseguir la universalidad del SNS a partir de la “unicidad del aseguramiento” y establecer un modelo “racional y eficiente” que tenga en cuenta la “arquitectura competencial” de las comunidades autónomas.

La actual normativa sanitaria es "frágil y débil"

“Tras la revisión de toda la legislación aparecida desde 1986 hasta la actualidad, podemos ver que hay 106 artículos (74,2 por ciento) que han perdido efectividad normativa”, indica De Lorenzo, quien comparte a su vez el planteamiento que avanzó la semana pasada Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

Compuesta por 143 artículos y catalogada como la “ley madre” de la sanidad, ambos declaran que “está obsoleta” y ha llegado el punto de rehacerla. A pesar de que ha sufrido diferentes remodelaciones, “hoy necesariamente requiere de un pacto por la sanidad desde el ámbito político”, insiste De Lorenzo.

“Si el 74,2 por ciento del articulado de la Ley General de Sanidad ha perdido efectividad real, se nos está mostrando que el sistema es totalmente débil no solo a nivel jurídico, sino también competencial”, destaca el letrado. “Esta fragilidad es un punto muy endeble ante la crisis económica que padecemos y, por ello, parece claro que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe ser capaz de conseguir un "Pacto por la Sanidad" que busque el consenso y promueva una nueva Ley de Sanidad necesaria para el siglo XXI”, apunta.

Necesidad de una nueva Ley General de Sanidad

Por otro lado, recalca que la pandemia del coronavirus ha reflejado que el marco normativo vigente ha dado lugar a “grandes inseguridades jurídicas”. “Necesitamos una norma de carácter completo que, a ser posible, afecte al conjunto de las comunidades autónomas para que, independientemente de los mecanismos de coordinación administrativa, haya también una coordinación legislativa que permita dar una única respuesta y dote de seguridad jurídica a los ciudadanos”, asegura De Lorenzo.

Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? Según el experto, “los partidos políticos que configuran la mayoría parlamentaria en España deberán ser capaces de plasmar los consensos básicos que existen en un marco normativo nuevo”. De hecho, afirma que la “voluntad política” constituye un aspecto clave para el éxito de esta normativa y el tiempo que transcurra hasta que se haga realidad.

Con todo, recuerda que el Consejo de Ministros “últimamente” ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS. Y, en este punto, enfatiza que la nueva ley “es uno de los objetivos” recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Redacción Médica

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18
03
2022

EXPERTOS ANALIZAN LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS EN LOS CONTAGIOS PROFESIONALES DURANTE LA PANDEMIA


La prioridad durante la pandemia ha sido salvar vidas; sin embargo, los profesionales sanitarios, que se han situado en primera línea de actuación para frenar la pandemia, se han visto afectados con un alto porcentaje de contagios, ya que los medios de protección personal eran insuficientes para hacer frente a los peligros de contagio a los que estaban expuestos mientras desempeñaban su trabajo. Todo ello ha traído consigo multitud de reclamaciones, fundamentalmente por parte de entidades o colectivos, frente a las Administraciones sanitarias; reclamaciones, algunas de las cuales han sido ya resueltas -como atestiguan tres sentencias contra la Generalitat Valenciana- que constituyeron el punto de partida de la Tertulia Médico-Jurídica organizada por Promede y donde se ha analizado cuál es la responsabilidad que tienen las administraciones sanitarias en los contagios profesionales provocados durante la pandemia de la COVID-19.

En la sesión, abierta por Juan Abarca, consejero delegado de PROMEDE, ofrecieron su punto de vista César Tolosa, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Ricardo De Lorenzo y Montero, doctor en Derecho y Director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España; Antonio López, secretario general del Servicio Madrileño de Salud; Francisco Corpas, director de Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería de España; y Philippe Paul, director ejecutivo de Sham España. Además, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo y el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez fueron los encargados de inaugurar la jornada, en la que Manuel Moya, director de Docencia de Promede, introdujo las claves para el debate mediante la presentación de los datos disponibles más relevantes.

Tal como se ha puesto de manifiesto, no existe una ley que regule este tipo de crisis sanitarias, que sirviera de marco de referencia y evitara la judicialización que estamos viviendo actualmente sobrevenida a una gestión inadecuada. En este punto los expertos abogaron por crear un marco legislativo al respecto, ya que posiblemente vendrán otras crisis y aflorarán problemas similares.

La declaración de la COVID-19 como enfermedad profesional fue otro de los puntos más defendidos por los expertos durante la sesión, a pesar de que se plantearon dudas al respecto si, como parece, será una enfermedad que persistirá y que podrá asimilarse a una gripe. En cualquier caso, otros países del entorno como Italia y Francia sí cuentan con este reconocimiento que, si no existe en España es, según los expertos, por una clara falta de voluntad política. Sobre lo que se no se planteó discusión fue sobre el riesgo al que los profesionales estuvieron sometidos debido a la escasez de elementos de protección, lo que ha motivado las mencionadas reclamaciones y denuncias.

Durante la sesión también se puso de manifiesto que la pandemia ha traído consigo un cambio en el estudio de la responsabilidad sanitaria ya que, mientras lo habitual era que los usuarios cursaran reclamaciones, ahora han sido los propios sanitarios los que las hacen frente a las Administración, en la mayoría de los casos como empleadora, rigiéndose por la vía laboral y amparándose en la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, esta no es la única vía de reclamación utilizada, como quedó de manifiesto porque ha habido también múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial.



Promede

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01
03
2022

LA TELEMEDICINA EXIGE "EVITAR REDUCCIONES" EN LAS PÓLIZAS DE LOS MÉDICOS


El escenario sanitario que se vislumbra tras el Covid-19 viene fuertemente influenciado por prácticas ‘heredadas’ de la pandemia, incluida la de la telemedicina, que parece haberse convertido en una opción preferente para los pacientes. Un modelo asistencial distinto al que imperaba hace apenas dos años y que también arrastra consigo cambios en el ámbito legal. En este sentido, Ofelia De Lorenzo, socia-directora del área jurídico-contenciosa en De Lorenzo Abogados, incide en la necesidad de revisar a corto plazo las pólizas de responsabilidad civil contratadas por el personal médico, así como de “abordar cuanto antes” las modificaciones “que se hagan precisas a la luz de los cambios experimentados en el contexto del coronavirus”.

En declaraciones a Redacción Médica, la abogada vaticina un escenario post-pandemia “adverso e incierto” en que resultará “crítico” mantener las pólizas en vigor. Al respecto, pone de relieve la importancia de “evitar reducciones en la cobertura” una vez se consolide la apuesta por la telemedicina y las consultas mediante videollamada.

Explica De Lorenzo que, en los usos y aplicaciones de la telemedicina, los médicos “asumen plenamente la responsabilidad de los tratamientos y decisiones que transmiten a sus pacientes”. “No olvidarán que estos están por encima de la técnica y que sus derechos han de ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar nuevas aplicaciones”, puntualiza la letrada. En consecuencia, añade, “el encuentro telemático entre profesional y paciente sigue siendo un acto médico, y por lo tanto debe atenerse a las mismas exigencias legales y ético-deontológicas exigidas para el acto presencial”.

“Ante un previsible mayor escrutinio de la actividad y un incremento de los riesgos desde la incorporación de la telemedicina al acto médico, es un buen momento para revisar con detenimiento las pólizas contratadas”, reitera De Lorenzo, quien recuerda que cuanto mayor sea el uso de este tipo de herramientas digitales “mayor será el incremento de posibles riesgos en el ámbito médico".

Uso de la telemedicina en España

La letrada apela a estudios recientes como la encuesta de la consultora PwC sobre la innovación en Medicina, que “revela que la mayoría de las personas que en 2020 tuvo que recibir atención médica virtual (es decir, mediante teléfonos, aplicaciones, vídeos o mensajes) la mantendrá como vía preferente tras la pandemia”.

“Para ser más exactos, el método virtual que mayor aceptación ha tenido es el de la videollamada: el 91 por ciento de los que ha usado el vídeo prefiere este método a la consulta presencial”, destaca. Otros estudios apuntan la misma tendencia. Subraya De Lorenzo que los españoles “son los europeos más abiertos a que se impulse un sistema sanitario digital y virtual”.

“Según otro informe de ‘Stada Health Report’, un 82 por ciento se muestra a favor de ser atendido mediante consultas médicas online cuando se trate de enfermedades menores o secundarias y el porcentaje de españoles predispuestos a recibir videollamadas de su médico ha aumentado un 21 por ciento respecto al informe de 2019. También son los más partidarios de utilizar aplicaciones móviles durante los tratamientos”, concluye.



Redacción Médica

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09
02
2022

¿EN QUÉ CASOS LA SEGURIDAD SOCIAL PUEDE CUBRIR LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS?


La medicina curativa se inserta en el terreno de la medicina tradicional (llamada también terapéutica o asistencial), que tiene por objeto la conservación o la recuperación de la salud, en cualquiera de sus manifestaciones. Su nota común es la actuación en situaciones de necesidad del paciente.

En cambio, la medicina satisfactiva (voluntaria o perfectiva), a diferencia de la anterior categoría, atiende situaciones en las que la salud del paciente no se encuentra en juego, sino que se trata de atender ciertas demandas sanitarias en el terreno del mejoramiento o del bienestar personal.

Generalmente la cirugía estética se encuadra en la llamada medicina satisfactiva y en concreto el de la medicina plástica, entendiendo esta ciencia como aquella que tiene por finalidad lograr en la estructura corporal la normalidad anatómica y funcional. Transformar el cuerpo humano para corregir deformidades o mejorar deficiencias.

No obstante, la cirugía estética admite una doble clasificación: cirugía reparadora o reconstructiva (reparar los efectos de un accidente o de una malformación, por ejemplo) y cirugía estética o cosmética (remodelar aquellas partes del cuerpo no satisfactorias para el paciente) con límites entre ambas algunas veces difíciles de fijar.

Esta distinción tiene su relevancia no sólo clínica, pues los Servicios de Salud asumen las intervenciones del primer grupo (al considerarlas medicina tradicional o curativa), pero no las del segundo (por reputarlas como medicina satisfactiva). No obstante, la decisión siempre es valorativa: una mamoplastia de reducción no es asumible, normalmente, como prestación a cargo del Sistema Sanitario Público, pero si el estado actual de la paciente ocasiona problemas ortopédicos lumbares, la solución puede ser la contraria.

Hay consenso en que la nota diferenciadora entre ambas categorías se encuentra en la necesidad terapéutica, entendiendo por tal, la exigencia clínica de llevar a cabo determinadas actuaciones para mantener la vida o buena salud del paciente.

En esa línea en el punto 5 del Anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y en relación con la Indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos específicamente; se excluyen todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con finalidad estética, que no guarden relación con accidente, enfermedad o malformación congénita, los tratamientos en balnearios y las curas de reposo.

Generalmente entre las cirugías estéticas que se cubren por la Seguridad Social se encuentra la cirugía mamaria para la reconstrucción a causa de un cáncer, la corrección de una asimetría de pechos, otoplastia en caso de deformidad, rinoplastia por problemas respiratorios o malformación, blefaroplastia en caso de problemas de visión, cirugía bariátrica en casos de sobrepeso grave que afecte a la salud y cirugía facial en supuestos de malformación en cara y cuello.

No obstante, cada solicitud es individualmente estudiada siendo los requisitos para su aceptación que se trata de casos de cirugías reconstructivas por deformidades de nacimiento o secundarias a un accidente. Igualmente, aquellos supuestos en los que el individuo se puede ver afectado psicológicamente por un complejo, o bien porque le pudieran causar un problema físico en el futuro.

Artículo de Ofelia De Lorenzo

El Español

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03
02
2022

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MÉTODOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) EN RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SANITARIA


El Comité de Bioética de España en su informe de fecha 28 de abril del 2021, en relación con la seguridad del paciente concluía que con el fin de detectar, conocer, estudiar y prevenir incidentes o errores que causasen perjuicios graves para la salud de los pacientes era necesario un sistema de notificación y registro de incidentes y eventos adversos, de carácter no punitivo. Recomendaba igualmente el Comité de Bioética de España que dicho sistema, se complementase con métodos adecuados de solución de conflictos (MASC) en los que se pudiera pedir disculpas por el error cometido, ofreciéndose una alternativa al reclamante para evitar la judicialización del conflicto.

En la actualidad las políticas que se están impulsando en torno a la seguridad del paciente, recomiendan tanto la comunicación e información con los pacientes como la disculpa de los errores. Igualmente, tanto el contexto social (pandemia por la COVID-19) como el jurídico (anteproyecto de la ley de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia) son favorables a la implementación de los MASC en materia de responsabilidad profesional sanitaria.

Destacar del Anteproyecto de la ley de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia la figura del experto independiente, como tercero neutral cuya intervención en los MASC destaca por estar apartada de intereses de oportunidad. La experiencia y datos del Servicio de Coordinación de Conflictos (SCC) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde su constitución en el año 2017 avalan la implementación de los MASC en responsabilidad profesional sanitaria.

Artículo de Ofelia De Lorenzo



AJS

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01
02
2022

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA SANCIÓN A UNA EMPRESA POR NO IDENTIFICAR DILIGENTEMENTE


Recientemente se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sanción impuesta a una empresa por tratar los datos personales de un particular sin su consentimiento e incluirlos en el fichero de solvencia patrimonial Asnef.

La confirmada sanción tiene su origen en el año 2016, cuando una persona denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos el tratamiento ilegítimo de sus datos por haber sido víctima de una presunta suplantación de identidad. En concreto, se contrató un microcrédito a través de la página web de la empresa ahora sanciona y posteriormente ante la falta de reintegro del préstamo, esta decidió comunicar los datos personales al fichero de solvencia patrimonial de Asnef.

Ante estos hechos, se inició una investigación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, quien tras analizar las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, decidió imponer una sanción de 80.000 euros a la empresa bajo la premisa de no haber existido medidas adecuadas para corroborar que los datos que se habían utilizado en el formulario web correspondían con la identidad real de supuesto contratante, dado que no se solicitó por ejemplo fotocopia del DNI, y por lo consiguiente, se incluyeron los datos personales de la persona reclamante erróneamente en el citado fichero de solvencia patrimonial.

La empresa decidió recurrir la sanción, hasta que finalmente el Tribunal Supremo ha reiterado la existencia de infracción de la normativa de protección de datos, por entender que los datos fueron tratados sin el consentimiento del interesado e incluidos en el fichero de solvencia patrimonial sin adoptar las medidas previas necesarias para que la identificación de la persona, vulnerándose así el principio de veracidad y exactitud de los datos.

De este procedimiento sancionador se pueden extraer dos conclusiones importantes, por un lado, la relevancia de establecer medidas idóneas que permitan identificar adecuadamente al interesado cuando la identificación no se realice presencialmente y por otro, la precaución a la hora de incluir los datos de una persona en los ficheros de solvencia patrimonial.

Lo aprendido en esta sentencia nos debe servir para reflexionar acerca de la importancia de adoptar medidas adecuadas para la identificación de los interesados.

Artículo de Carolina Sanabria