El vigente Reglamento Europeo de Protección de Datos fue aprobado el pasado 27 de abril de 2016. No obstante, a pesar de su aprobación y consecuente entrada en vigor, su contenido no será de aplicación hasta el próximo 25 de mayo de 2018. Un periodo transitorio en el que las instituciones sanitarias deben adecuar y preparar sus estructuras y procedimientos de trabajo interno para dar cumplimiento al elenco de obligaciones que el nuevo escenario jurídico aprobado por este Reglamento Europeo exige.

Ante este panorama de grandes e inminentes cambios, Ricardo De Lorenzo Aparici, Abogado, Socio-Director de Nuevas Tecnologías en De Lorenzo Abogados, Delegado de Protección de Datos, especializado en TIC y privacidad en el sector sanitario, ofrece en esta entrevista su visión de los principales temas que van a afectar a la puesta en marcha de este escenario así como los principales ejes de su reciente y futura actuación.

De Lorenzo reconoce que el primer año de aplicación de Reglamento europeo va a ser duro, tanto para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como autoridad nacional responsable, como para las empresas sanitarias, máxime cuando ya ha anunciado la Agencia que no habrá moratoria y estarse tramitando en estos momentos el Proyecto de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que ajusta nuestro ordenamiento a este nuevo Reglamento, por lo que habrá que estar atento los próximos meses de la aprobación de la nueva ley y lo que implica, aunque destaca que el cumplimiento de la normativa va a ofrecer una importante ventaja competitiva para las organizaciones sanitarias.

Tras la solicitud planteada al Gobierno central por parte de la Organización Médica Colegial (OMC), en su última Asamblea General celebrada en Valencia, para que se exija la colegiación obligatoria en todas las comunidades autónomas, la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, la doctora Isabel Montoya, ha requerido a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional que “dé una respuesta a esta situación confusa” en la que no se exige estar colegiado de manera obligatoria al médico para ejercer su profesión en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

El lío judicial que ha desencadenado el recurso presentado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) ante el Tribunal Supremo puede traer más de un dolor de cabeza a los sindicatos y administración pública. La admisión del recurso por parte del Alto Tribunal permite al colectivo pedir la paralización de la OPE y las diferentes convocatorias ligadas a su aprobación, una situación que de producirse sería "inconstitucional”, según Antonio Cabrera, secretario general de FSS-CCOO.

Aunque Ricardo De Lorenzo, socio-director en De Lorenzo Abogados, cree que el Supremo atenderá a aspectos más jurídicos para decidir sobre el recurso de suspensión, en el caso que este seas presentado. “La Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé que el Juez o tribunal podrá denegar la medida cautelar cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales”, señala el experto jurista.

"No hay marcha atrás"

Para el secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, la demanda de esta asociación no se sostiene y "no tiene posibilidad de prosperar". Así mismo, Cabrera niega que el demandante se haya puesto en contacto con el sindicato mayoritario para trasladarles sus inquietudes, como sí asegura la propia asociación.

Según ha apuntado, el sindicato ha hablado sobre el tema con la Secretaria de Función Pública y con el Ministerio de Hacienda para consultar esta situación y "no hay marcha atrás".

La postura de esta asociación no tiene fundamento y se basa en “posturas falsas”, según Cabrera: "Lo que hemos firmado es lo único posible y no se puede mentir a la gente y decirle que van a ser fijos por la cara". A su juicio, anular esta Oferta Pública de Empleo después del acuerdo logrado entre sindicatos y Gobierno sería "anticonstitucional ya que esta es la única forma de acceder a un empleo público".

Interés general y particular

Por su parte, Ricardo de Lorenzo recuerda que la Ley 29/1998 de 13 de junio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa prevé que “el interesado pueda solicitar la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la Sentencia, estableciendo que en ese caso la forma de proceder es valorar todos los intereses en conflicto y solo la puede acordar cuando la ejecución del acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo 2017, haría perder la finalidad legitima del recurso”.

“Así pues, tal como señala el Tribunal Supremo el interés general o el de un tercero, por un lado, y los perjuicios, por otro, son los dos conceptos que, armonizados, determinan la suspensión de la ejecución”, reafirma Ricardo de Lorenzo.

En este sentido, el jurista contextualiza que “habitualmente al ponderar los interés enfrentados, suelen resolver que los intereses perseguidos por la Administración revisten una superior importancia en relación a los que son invocados por la parte recurrente”. “La suspensión cautelar paralizaría un proceso selectivo, de esta manera, quedaría afectado el servicio público a cuya atención están destinadas las plazas que son objeto de la convocatoria litigiosa”, señala.

Ante estos motivos, a la hora de decidir la valoración de los intereses en conflicto por parte del Tribunal Supremo este se decantará a favor del interés público. “Así no puede olvidarse, ni considerarse indigno de mención, el interés de los terceros que han decidido participar en los procesos selectivos de referencia, mediante la presentación de la oportuna solicitud”, recuerda Ricardo de Lorenzo, en mención a las fechas de examen ya convocadas.