El Consejo de Estado será quién tenga la última palabra sobre el Real Decreto que quiere atribuir a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la capacidad de realizar una evaluación previa a la aprobación de los códigos deontológicos de los colegios y consejos profesionales generó un rechazo inmediato por parte de estos.

En un informe al que ha tenido acceso Redacción Médica, en el que director jurídico del Consejo General de Médicos, Ricardo De Lorenzo y Montero , analiza la repercusión de los informes sobre el RD emitidos por el Consejo Económico Social (CES) y la propia @CNMC. El profesional explica que el proyecto "va a continuar su decurso" y que "la suerte y contenido final del proyecto dependerá con bastante probabilidad del pronunciamiento del Consejo de Estado" aunque, recuerda el resultado es "es preceptivo y no obstante su carácter no vinculante". Además, De Lorenzo, ha recalcado que "la iniciativa indicada modificatoria del Real Decreto 472/2021, no se ajusta a Derecho".

De Lorenzo explica en el documento que, aunque el CES es más crítico con el borrador, ninguna de las organizaciones apoya directamente la retirada del RD algo que, desde la OMC, aseguran que tendrá como resultado que el proyecto llegue a la tramitación. De esta manera, hace hincapié en que la responsabilidad final, por el momento, recae en el Consejo de Estado.

Falta de transparencia en el proceso

Por otro lado, el análisis de la organización médica destaca la falta de transparencia del RD en relación con los requerimientos europeos para adaptar nuestra normativa, razón principal del cambio planteado por el Gobierno. El abogado recuerda que "la publicación de ambos informes revela que esta iniciativa normativa es consecuencia última de la emisión por la Comisión Europea de un dictamen motivado en el que considera que se ha producido un defecto en la transposición de la Directiva (UE) 2018/958 al estimar que los códigos deontológicos de los Colegios Profesionales no se someten a una evaluación objetiva e independiente en el marco de test de proporcionalidad". Algo relevante pues, según refleja el documento de la OMC, esta es "una noticia que en ningún momento fue puesta de manifiesto durante el trámite de consulta practicado y al que, injustificadamente, ni siquiera se hacía referencia en la exposición de motivos del Proyecto de Real Decreto".

De esta manera, pone en valor la lectura que hace el CES, que critica que "hubiera sido deseable acompañar a la solicitud de dictamen la Carta de emplazamiento remitida a España por la Comisión para comunicar la apertura de un procedimiento de infracción y la respuesta a la misma". Esta omisión, aseguran desde el CES "dificulta en gran medida valorar el alcance concreto de los requerimientos del organismo europeo, así como ponderar la idoneidad del procedimiento que articula el Proyecto para darles satisfacción".

Contradicción en el RD

Asimismo, De Lorenzo analiza las conclusiones de la CNMC y destaca dos de sus valoraciones, indicando que la primera "evidencia una contradicción lógica que no se salva". En este caso se refiere a que los Colegios Profesionales no deberían ser considerados a priori como "autoridades competentes para la regulación", lo que no era óbice a que el Dictamen de la Comisión Europea detectara la "potencialidad regulatoria de los códigos deontológicos". Esto es algo que, a juicio de la CNMC "podría entenderse como una extralimitación de las competencias de las corporaciones por lo que compartía la necesidad de establecer medidas para evitar efectos indeseados".

La segunda valoración tiene relación con la función de evaluación de los Colegios. El informe de la CNMC refleja que esta "debería abarcar también a los códigos deontológicos ya aprobados y no solo como hace el Proyecto a las nuevas propuestas de modificación". Una situación que, aseguran desde la OMC, "entrañaría una aplicación retroactiva de sus disposiciones, que no debería tener mucho recorrido en la elaboración de la disposición".

Ofelia De Lorenzo, ya es una de las Top 100 Mujeres Líderes en España, el mayor ranking de liderazgo femenino en España. Socia Directora del Área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados y presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) se convierte así en una de las referentes del sector legal. “Vivo con mucho honor e ilusión estar en esta privilegiada lista junto a mujeres maravillosas. Para mí es un reconocimiento al trabajo y al compromiso activo con mi profesión" -declaró la abogada.

El Teatro Real de Madrid, que ha acogido la celebración de la XI gala de las Top 100 Mujeres Líderes en España, fue el escenario donde brillaron las 100 elegidas. La iniciativa de ‘Magas’ de El Español, liderada por Cruz Sánchez de Lara, desempeña un papel fundamental para visibilizar el talento femenino.

Desde su creación en 2011 por la periodista argentina Mercedes Wullich, más de 5.000 mujeres han sido designadas candidatas y elegidas, y, ciento cincuenta de las cuales, se han convertido en honorarias. Desde sus inicios, el objetivo del ranking, ha sido impulsar la presencia de mujeres en todos los ámbitos y fomentar la diversidad y de la igualdad por parte de empresas y organizaciones.

Una noche especial y una falda solidaria

Ofelia De Lorenzo, vestida con falda de APRAMP (Asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual) fue reconocida en la categoría ‘Profesionales Independientes y Consejeras’. Su elección, ha puesto en valor la dirección que ejerce de Plataforma REDES (Resolución Extrajudicial de Conflictos en Derecho Sanitario) actividad que compagina con el ejercicio de la abogacía en su despacho De Lorenzo Abogados con una fuerte presencia institucional en todos los foros de derecho sanitario. Ofelia, que se ha convertido en una de las voces con más presencia en nuestro país en su campo, ha ocupado puestos como la Secretaría General del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ofelia, que se ha convertido en una de las voces con más presencia en nuestro país en su campo, ha ocupado puestos como la Secretaría General del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Es miembro del Observatorio legislativo de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, del Comité de ética de asistencia sanitaria (CEAS) de HM Hospitales, además de vicepresidenta 2ª de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario. Ha participado con diferentes cargos en la Comisión Organizadora de diez congresos nacionales y dos internacionales de Derecho Sanitario (AEDS)

En el ámbito docente, ha sido y es profesora de cursos de posgrado en la Universidad San Pablo-CEU, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público/ Euskal Herriko Unibertsitatea; Universidad de Cantabria y Universidad Austral de Argentina. Conferenciante habitual en Seminarios, Talleres y Congresos, nacionales e internacionales relacionados con la especialidad -Derecho Sanitario y Bioderecho-.

Es profesora del Máster Universitario en Derecho Sanitario, y del Máster Universitario de valoración del daño corporal pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Activa autora de libros y artículos es coautora de títulos tan diversos como “Claves Prácticas Sanitarias: Responsabilidad Profesional Sanitaria”; "Aspectos Legales del acto médico en otorrinolaringología y patología Cervicofacial Gastroenterologia. Endoscopia diagnóstica y terapéutica", "Psiquiatría y Ley”, "Células madre de cordón umbilical y medicina Regenerativa”. “Aspectos legales en Ginecología y Obstetricia” “responsabilidad Profesional Sanitaria” y Bioderecho y retos. M-Health, genética. IA, robótica y criogenización”. Con innumerables artículos, colabora habitualmente con Redacción Médica y New Médical Economics entre otros.

Los avances científicos y tecnológicos arrastran consigo interrogantes jurídicos y éticos a los que el Derecho sanitario deberá comenzar a dar respuesta este mismo 2024. En efecto, la inteligencia artificial “va a cumplir un papel creciente” en el sector, apunta la presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ofelia De Lorenzo, quien enfatiza además los ‘deberes pendientes’ de España en materias como el déficit de profesionales, el desarrollo de medicamentos estratégicos o incluso el blindaje del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante futuras pandemias.

Sobre este último asunto, la presidenta de la AEDS se muestra tajante: “Habrá más pandemias y sigue siendo necesario, desde el Derecho sanitario, trazar un marco ético-jurídico que dé respuesta a las crisis sanitarias”. En declaraciones a Redacción Médica, De Lorenzo lamenta que no se hayan extraído “las debidas enseñanzas” tras el Covid-19, como demuestra el hecho de que las autoridades de salud no dispongan todavía de las “herramientas jurídicas suficientes para evitar que se judicialicen todas y cada una de las medidas que se adopten en pro de la salud pública”. Un asunto que, de hecho, es de máxima actualidad dadas las dudas legales que se desprenden del regreso a la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales.

“En octubre del 2016, con motivo del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, se debatieron los problemas jurídicos que pudieran venir asociados a las grandes crisis sanitarias (químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y/o terroristas) y el fundamental es que las dos grandes normas de salud pública en España, aunque permiten tomar medidas, son muy inconcretas; de hecho, la Ley General de Salud Pública del 2011 está aún sin desarrollar”, subraya.

La normativa vigente deja fuera de toda duda la potestad del Ministerio de Sanidad para imponer el uso obligatorio de mascarillas en los hospitales y centros de salud de todas las comunidades autónomas (CCAA). Aunque las competencias sanitarias estén transferidas a los gobiernos regionales, la “urgente necesidad” derivada del repute de casos de gripe y covid y la saturación de los servicios sanitarios avala la decisión.

La intención del departamento de Mónica García, si no se volviera a llegar a un consenso con las CCAA en lo referente el uso obligado de mascarillas 48 horas después del Consejo Interterritorial celebrado este lunes, es la de actuar de oficio al respecto mediante una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública, una medida reflejada en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete homónimo y experto en Derecho Sanitario, indica a Redacción Médica que, en principio, aunque recurrir a una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública corresponde al Ministerio de Sanidad, este necesita contar con el beneplácito del Consejo Interterritorial, “salvo en situaciones de urgente necesidad”. He ahí el quid de la cuestión. En esos casos, “se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se informará al Interterritorial de ello de manera urgente”.

El experto recuerda que, de hecho, la fórmula por la que optará Sanidad es la misma que se empleó durante la pandemia de coronavirus para limitar los derechos fundamentales de movilidad y actividad laboral y comercial, como el recorte de los horarios en la hostelería, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle.

“Al terminar el estado de alarma, las comunidades habían recuperado sus competencias en materia de sanidad, pero el ministerio recurrió a ese mecanismo para unificar restricciones concretas”, explica, aunque, en relación a la situación actual, advierte de que, tal y como ya hicieron algunos de los consejeros autonómicos este lunes: “No se ha tenido en cuenta a la Comisión de Salud Pública y Ponencia de Vacunas, no se ha cumplido el procedimiento y no se ha convocado previamente el órgano técnico, que en este caso es la Comisión de Salud Pública”.