El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha ampliado su relación profesional con la firma De Lorenzo Abogados. El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, y el presidente de De Lorenzo Abogados, Ricardo De Lorenzo, con la presencia del vicepresidente primero de la corporación, Dr. Tomás Cobo, firmaron el acuerdo en la sede colegial.

El desarrollo de la dinámica del CGCOM y la ampliación de coberturas requeridas por sus fundaciones (Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) y la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) han propiciado que se produzca una actualización profesional con De Lorenzo Abogados.

El bufete prestará asesoramiento estratégico en Derecho Sanitario a la Presidencia, a la Comisión Permanente y a la Asamblea del CGCOM, además de respaldar a la asesoría jurídica interna y documentación que afecte a la corporación, así como su representación en temas de trascendencia, como Comisiones de Expertos ante el Ministerio de Sanidad u otros organismos. También brindará apoyo y asistencia desde la cartera de servicios del Área Laboral y de Seguridad Social.

Asimismo, el desarrollo normativo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, determina la ampliación de los servicios de De Lorenzo Abogados desde su Área de Nuevas Tecnologías para el CGCOM y sus fundaciones.

De este modo, se establece la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) del CGCOM. Nombramiento que en el ámbito sanitario es obligatorio en los consejos y colegios profesionales, cuya principal función precisamente es la de proteger los datos. El DPO tiene que poner orden en la parte técnica de ciberseguridad pero asegurarse que el resto de departamentos funciona acorde a ello y formar a los empleados. Este perfil tiene que tomar medidas preventivas, monitorizar que es lo que está pasando, vigilar la compañía, detectar anomalías y mejorar el proceso donde las medidas no son estáticas.

Desde 1991 De Lorenzo Abogados presta servicios profesionales al CGCOM y siempre ha estado muy ligado a los colegios profesionales. Sin embargo, Ricardo De Lorenzo destaca que “la especial significación de la Organización Médica Colegial en la historia de nuestra firma no puede comprenderse sin la aportación de mi padre, Antonio De Lorenzo, como jefe de su Gabinete Técnico y asesor jurídico, a lo largo de su trayectoria profesional”.

“En la actual firma De Lorenzo Abogados hemos seguido ese ejemplo y hemos procurado estar a la altura de la institución. La OMC forma parte no solo de nuestra historia como bufete legal, sino de su presente, siendo un motivo de orgullo nuestra continuidad en el tiempo y participación en su asesoría jurídica”, explica.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la composición del Consejo Asesor de Sanidad, que mantiene su primera reunión este martes 14 de febrero. Además del consabido nombre de su presidente, Valentín Fuster, Director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (Cnic), el Vicepresidente será Francisco de Paula, director de Estrategia en Medtronic Ibérica, y el cargo de Secretaria General lo ostentará Ofelia De Lorenzo, Socia-Directora del Área Procesal del Bufete De Lorenzo Abogados.

El equipo de asesores elegidos por la ministra que se compone de 42 vocales, de los cuales 12 ya formaban parte del consejo con anterioridad. Entre ellos se encuentran personalidades como Diego Murillo, presidente de la Fundación AMA, Carmen Peña, presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica y Julio Sanchez Fierro, socio-Director del Área de Derecho Farmacéutico en De Lorenzo Abogados.

En relación a las 18 incorporaciones, se encuentran la ex ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y Rafael Matesanz, expresidente de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

El vigente Reglamento Europeo de Protección de Datos fue aprobado el pasado 27 de abril de 2016. No obstante, a pesar de su aprobación y consecuente entrada en vigor, su contenido no será de aplicación hasta el próximo 25 de mayo de 2018. Un periodo transitorio en el que las instituciones sanitarias deben adecuar y preparar sus estructuras y procedimientos de trabajo interno para dar cumplimiento al elenco de obligaciones que el nuevo escenario jurídico aprobado por este Reglamento Europeo exige.

Ante este panorama de grandes e inminentes cambios, Ricardo De Lorenzo Aparici, Abogado, Socio-Director de Nuevas Tecnologías en De Lorenzo Abogados, Delegado de Protección de Datos, especializado en TIC y privacidad en el sector sanitario, ofrece en esta entrevista su visión de los principales temas que van a afectar a la puesta en marcha de este escenario así como los principales ejes de su reciente y futura actuación.

De Lorenzo reconoce que el primer año de aplicación de Reglamento europeo va a ser duro, tanto para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como autoridad nacional responsable, como para las empresas sanitarias, máxime cuando ya ha anunciado la Agencia que no habrá moratoria y estarse tramitando en estos momentos el Proyecto de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que ajusta nuestro ordenamiento a este nuevo Reglamento, por lo que habrá que estar atento los próximos meses de la aprobación de la nueva ley y lo que implica, aunque destaca que el cumplimiento de la normativa va a ofrecer una importante ventaja competitiva para las organizaciones sanitarias.

Tras la solicitud planteada al Gobierno central por parte de la Organización Médica Colegial (OMC), en su última Asamblea General celebrada en Valencia, para que se exija la colegiación obligatoria en todas las comunidades autónomas, la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, la doctora Isabel Montoya, ha requerido a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional que “dé una respuesta a esta situación confusa” en la que no se exige estar colegiado de manera obligatoria al médico para ejercer su profesión en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

El lío judicial que ha desencadenado el recurso presentado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) ante el Tribunal Supremo puede traer más de un dolor de cabeza a los sindicatos y administración pública. La admisión del recurso por parte del Alto Tribunal permite al colectivo pedir la paralización de la OPE y las diferentes convocatorias ligadas a su aprobación, una situación que de producirse sería "inconstitucional”, según Antonio Cabrera, secretario general de FSS-CCOO.

Aunque Ricardo De Lorenzo, socio-director en De Lorenzo Abogados, cree que el Supremo atenderá a aspectos más jurídicos para decidir sobre el recurso de suspensión, en el caso que este seas presentado. “La Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé que el Juez o tribunal podrá denegar la medida cautelar cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales”, señala el experto jurista.

"No hay marcha atrás"

Para el secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, la demanda de esta asociación no se sostiene y "no tiene posibilidad de prosperar". Así mismo, Cabrera niega que el demandante se haya puesto en contacto con el sindicato mayoritario para trasladarles sus inquietudes, como sí asegura la propia asociación.

Según ha apuntado, el sindicato ha hablado sobre el tema con la Secretaria de Función Pública y con el Ministerio de Hacienda para consultar esta situación y "no hay marcha atrás".

La postura de esta asociación no tiene fundamento y se basa en “posturas falsas”, según Cabrera: "Lo que hemos firmado es lo único posible y no se puede mentir a la gente y decirle que van a ser fijos por la cara". A su juicio, anular esta Oferta Pública de Empleo después del acuerdo logrado entre sindicatos y Gobierno sería "anticonstitucional ya que esta es la única forma de acceder a un empleo público".

Interés general y particular

Por su parte, Ricardo de Lorenzo recuerda que la Ley 29/1998 de 13 de junio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa prevé que “el interesado pueda solicitar la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la Sentencia, estableciendo que en ese caso la forma de proceder es valorar todos los intereses en conflicto y solo la puede acordar cuando la ejecución del acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo 2017, haría perder la finalidad legitima del recurso”.

“Así pues, tal como señala el Tribunal Supremo el interés general o el de un tercero, por un lado, y los perjuicios, por otro, son los dos conceptos que, armonizados, determinan la suspensión de la ejecución”, reafirma Ricardo de Lorenzo.

En este sentido, el jurista contextualiza que “habitualmente al ponderar los interés enfrentados, suelen resolver que los intereses perseguidos por la Administración revisten una superior importancia en relación a los que son invocados por la parte recurrente”. “La suspensión cautelar paralizaría un proceso selectivo, de esta manera, quedaría afectado el servicio público a cuya atención están destinadas las plazas que son objeto de la convocatoria litigiosa”, señala.

Ante estos motivos, a la hora de decidir la valoración de los intereses en conflicto por parte del Tribunal Supremo este se decantará a favor del interés público. “Así no puede olvidarse, ni considerarse indigno de mención, el interés de los terceros que han decidido participar en los procesos selectivos de referencia, mediante la presentación de la oportuna solicitud”, recuerda Ricardo de Lorenzo, en mención a las fechas de examen ya convocadas.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, recibió en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de Badajoz la Medalla de Oro de la corporación colegial, en el transcurso del Acto Conmemorativo del I Centenario del Colegio de Médicos. Ana Pastor estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el del Consejo General de Colegios Médicos de España, Serafín Romero, entre otras autoridades.

La presidente del Congreso de los Diputados se mostró muy agradecida por este reconocimiento de sus compañeros pacense, como ella misma los calificó, al reconocer que se sigue sintiendo una más del colectivo. Por ello destacó la figura del médico, y del resto de profesionales sanitarios, como verdaderos artífices y motores de los sistemas sanitarios a través de su esfuerzo, dedicación y compromiso.

Al mismo tiempo, Ana Pastor ha felicitado a los médicos pacenses en el cumplimiento de su centenario, y recordó que en este próximo año, se cumple el cuarenta aniversario de la Constitución Española, a la que calificó como el instrumento que sirvió para “dar a los españoles cuarenta años de paz, prosperidad, libertad y de avances en la sociedad”, según Pastor, quien pidió que “todos repensemos muy bien lo que hemos conseguido en este periodo de tiempo y trabajemos para tener un futuro mejor”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, incidió en el papel de los colegios profesionales en el ámbito de la formación médica y también al garantizar al ciudadano la atención por parte de un profesional acreditado, medida posible gracias a la colegiación obligatoria, al tiempo que los colegios permiten el control del propio ejercicio de la profesión médica a través del cumplimiento del código deontológico. Además, en este centenario, Hidalgo tuvo un recuerdo para la figura del médico “quien durante todo este tiempo ha sabido gestionar tanto la incertidumbre del paciente ante la enfermedad como el gasto sanitario, dentro de la responsabilidad que tenemos los médicos en la utilización de los recursos sin ánimo de malgastarlos”, afirmó.