Los médicos que atiendan a los pacientes en las consultas de otras especialidades pueden enfrentarse a una demanda penal por un delito de intrusismo si no informan previamente a los enfermos de cuál es la rama de conocimiento en la que se han formado. Esta advertencia es una de las claves que ha puesto sobre la mesa el director de Asesoría Jurídica de la Organización Médica Colegial (OMC), Ricardo de Lorenzo, en el seno de un profundo debate sobre los límites en las competencias del colectivo de facultativos.

La observación llega en un momento marcado por la búsqueda de soluciones para combatir la escasez de especialistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a la hora de cubrir las plazas de difícil cobertura en algunos territorios. Un problema que ha llevado, por ejemplo, al Centro de Salud de Peñíscola a poner a un pediatra a pasar consulta a pacientes adultos en el área de Familia debido a la dificultad para encontrar más profesionales.

De Lorenzo ha aclarado que atender a enfermos fuera de tu área no es en sí mismo un problema legal ya que “el título faculta para el ejercicio de cualquier acto o especialidad”. Sin embargo, informar correctamente al enfermo sobre la titulación sí que es una obligación que viene recogida en la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente del año 2002 que blinda el derecho a la "información y consentimiento" en la asistencia sanitaria.

El presidente del Bufete De Lorenzo Abogados ha explicado que esta normativa no solo reconoce la obligación del facultativo para ofrecer un diagnóstico y un pronóstico a sus pacientes, sino que también implica la presentación de alternativas al tratamiento. Algo para lo cual resulta esencial que el enfermo conozca la especialidad de quien le está atendiendo. “Me tiene que decir la capacidad que usted tiene”, ha apuntado el jurista.

“Existe un riesgo. La responsabilidad penal es personal e intransferible. Otra cosa es la responsabilidad civil que también pueda tener la Administración”, ha apostillado el asesor jurídico de la Organización Médica Colegial.

La tercera y última mesa del III Encuentro hispano-brasileño, “Maternidad subrogada y sus problemas éticos”, ha contado con la participación de Ángela Escribano, Miguel Lorente, la Dra. María Castellano y Ofelia de Lorenzo. Además, la Dra. Zaida Arteta, presidenta de CONFEMEL, ha actuado como moderadora, y la Dra. Mª Isabel Moya, vicepresidenta primera del CGCOM, como relatora

Ofelia de Lorenzo, directora del Área Contenciosa de De Lorenzo Abogados y vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), ha intervenido acerca de “Cómo afecta la gestación subrogada y el bien superior del menor”. Para de Lorenzo, es importante precisar que “la denominación correcta en virtud de que la mujer que actúa como gestante, precisamente gesta un hijo para otro, es, de acuerdo con la Ley 14/2206 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA), gestación por sustitución”.

Hay una carencia, muy notoria cuando se habla de la gestación por sustitución sobre el bebé que nace y la consideración del llamado “interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo”, ha afirmado. Es esencial cuestionarse si el proceso de maternidad por sustitución es bueno para los niños y las niñas, ha destacado. Para la abogada, “normativamente, supone una vulneración en cuatro aspectos fundamentales: es un riesgo de tráfico de niños, riesgo de cosificación del niño y de la cosificación, la inseguridad jurídica para el menor, y el riesgo en los problemas relacionados con el origen biológico del niño o la niña”.

“El deseo de las parejas estériles debe ser escuchado por la sociedad y si es posible”; así, “un marco regulatorio internacional común sería una posible solución”, aunque la realidad es que es imposible alcanzar tales acuerdos, ha destacado Ofelia de Lorenzo. Sin embargo, no todos los deseos de los adultos deben ser considerados como derechos, “máxime si ello implica lesiones a la dignidad y a los derechos de otros sujetos implicados, especialmente de las mujeres más vulnerables y los hijos”, ha concluido.

La mera celebración del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario constituye, a juicio de Ricardo De Lorenzo, un triunfo de esta rama jurídica, pues asienta una “marca” y una “forma de ser asociativa” entre sus especialistas. “No es de extrañar que un evento como este se convierta en un acontecimiento cultural de primer orden”, ha reivindicado el abogado y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), quien ha considerado que esta asamblea supone una “aportación trascendente al progreso” de un Derecho Sanitario que “no es estable y sosegado, sino inquieto, sin reposo y sujeto a continuas adaptaciones”.

Con estas palabras ha inaugurado el también presidente del bufete De Lorenzo Abogados esta vigésimo octava edición del Congreso de la AEDS, que ha contado con la Presidencia de Honor de Felipe VI y doña Leticia y a la que han asistido, entre otros, responsables de consejos y colegios profesionales sanitarios y de sociedades científicas, autoridades políticas y magistrados y fiscales del Tribunal Constitucional, el Supremo y Tribunales Superiores de Justicia.

“En nombre del Derecho Sanitario, gracias por vuestra presencia respaldando nuestro esfuerzo y trabajo”, ha exteriorizado De Lorenzo, quien ha destacado que el Congreso “brinda un año más la oportunidad de establecer contactos y relaciones personales entre juristas y sanitarios eminentes” que “cultivan con entusiasmo y competencia una rama del Derecho de trascendencia social”.

La especialista en derecho sanitario y mediadora, habla de la crisis jurídico-sanitaria, de la eutanasia y de las reclamaciones por cirugía estética.

Ofelia de Lorenzo (Madrid, 1978) es una abogada especialista en derecho sanitario y mediadora sanitaria. Es vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y socia de la Plataforma REDES (Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario).

Entrevisto a Ofelia en el despacho de De Lorenzo Abogados, del que es socia. Bibliotecas, pasillos, despachos, cuadros… Se respira el peso, el rigor y la seriedad del Derecho.

La junta de gobierno de la Academia Médico-Quirúrgica Española, celebrada el pasado 19 de septiembre, ha decidido nombrar a Ricardo de Lorenzo, experto en derecho sanitario en España y director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM) como Académico de Honor-Academia Médico-Quirúrgica Española.

El presidente de la Academia Médico-Quirúrgica Española, Luis Ortiz Quintana, ha enviado una misiva a Ricardo de Lorenzo comunicándole que, una vez analizados los méritos de los candidatos, se acordó por unanimidad proponer a de Lorenzo como Académico de Honor de la corporación en base “a tu enorme apoyo y logros conseguidos en defensa de los derechos tanto civiles como penales de nuestros profesionales”.

Tras recibir la noticia, Ricardo de Lorenzo, ha expresado que “constituye para mí una gran satisfacción pertenecer a la Academia Médico-Quirúrgica, Institución con más de 170 años de historia, fundada en 1844, integradora de los conocimientos médicos y quirúrgicos, a la que han pertenecido grandes figuras de la Medicina española como los doctores Marañón, Sánchez Covisa, Ortega, Novoa Santos o Pedro Mata y Fontanet, es motivo de gran satisfacción, al poder ver desde la humildad de un jurista, como la razón de mi dedicación al Derecho Sanitario ha podido hacer realidad el encuentro adecuado entre dos grandes humanismos, como son el Derecho y la Medicina, entendida esta última en su más amplio sentido de ciencia sanitaria o ciencia de la salud”.

La toma de posesión con la entrega de la venera y el diploma que le acredita como Académico de Honor se efectuará durante el acto inaugural del curso académico 2023, que tendrá lugar el día 22 0 28 de febrero, fecha aún por determinar, a las 19,00 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Pza. Ramón y Cajal, s/n (Ciudad Universitaria) — 28040 Madrid.

Ricardo de Lorenzo es uno de los mayores expertos en derecho sanitario de España. Es doctor en Derecho, presidente de honor del bufete que lleva su nombre, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM); académico correspondiente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y Nacional de Medicina de España y académico corresponsal de la Academia Médico Quirúrgica de Lugo. Está en posesión, entre otras, de la Medalla al Mérito en el servicio a la Abogacía Española y la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Unanimidad en el sector jurídico: el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal tendrá un impacto muy positivo en el sector sanitario y beneficiará a todas las partes. Es la principal conclusión de la mesa redonda en la que se ha abordado esta nueva norma en el III Observatorio de la Sanidad, evento organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La introducción de estos medios de resolución es ya una realidad en grupos como HM Hospitales, donde llevan funcionando décadas. «Se hace negociación porque no todos los errores son indemnizables. En nuestra experiencia hemos identificado que cuando gestionamos así el conflicto los resultados son buenos. Se refuerza la relación médico paciente y se reduce el coste», ha dicho Ofelia de Lorenzo Aparici, vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y socia de plataforma REDES (Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario).