La investigación científica ha ganado un gran protagonismo dado el avance del coronavirus Covid-19 por todo el mundo. Las dimensiones de la pandemia han puesto de manifiesto la importancia de compartir los avances biomédicos para lograr, por ejemplo, una vacuna o un tratamiento eficaz. Sin embargo, las leyes que garantizan la protección de datos de los ciudadanos pueden ralentizar el intercambio internacional de datos, por eso durante la pandemia se han establecido una serie de excepciones que los médicos españoles quieren extender más allá de la investigación del Covid-19.

"La OMC propone que, con el fin de facilitar las transferencias internacionales, sería recomendable que el Comité Europeo de Protección de Datos "ampliase la validez del interés público como base de legitimación para el tratamiento de datos personales a todas las investigaciones biomédicas y no exclusivamente a aquellas relacionadas con el Covid-19", explica Andrea Camps Verde, abogada especializada en materia de protección de datos y miembro de De Lorenzo Abogados.

La investigación científica ha ganado un gran protagonismo dado el avance del coronavirus Covid-19 por todo el mundo. Las dimensiones de la pandemia han puesto de manifiesto la importancia de compartir los avances biomédicos para lograr, por ejemplo, una vacuna o un tratamiento eficaz. Sin embargo, las leyes que garantizan la protección de datos de los ciudadanos pueden ralentizar el intercambio internacional de datos, por eso durante la pandemia se han establecido una serie de excepciones que los médicos españoles quieren extender más allá de la investigación del Covid-19.

El coronavirus Covid-19 ha afectado, según el Ministerio de Sanidad, a 73.165 profesionales sanitarios en España. A las puertas de la aprobación efectiva de una vacuna que combata la infección del SARS-CoV-2 y anunciarse que dichos viales tendrán grupos ‘prioritarios’, como los sanitarios, surge la duda de si los profesionales deberán vacunarse obligatoriamente para prevenir un futuro contagio en su ejercicio laboral y, correspondientemente, convertirse en un foco en su lugar de trabajo. Aunque la legislación vigente en España no implica este hecho, y deja la vacunación, tanto de profesionales como de pacientes, en manos de una decisión personal, existen países como Estados Unidos donde sí es de obligado cumplimiento vacunarse para un sanitario.

Es ahí dónde se plantea la disyuntiva de qué ocurriría si el sanitario se convierte en foco de contagio del coronavirus por haber rechazado vacunarse. En este caso, y preguntado por Redacción Médica, el experto en Derecho Sanitario y presidente en De Lorenzo Abogados, Ricardo De Lorenzo, apunta que, desde el punto de vista legal o ético deontológico, el profesional sanitario estaría incurriendo en "un supuesto de responsabilidad" de la Administración. Un hecho que la propia Administración debería indemnizar según los daños y perjuicios ocasionados al paciente, "sin perjuicio de que después esa propia Administración Sanitaria pudiera repercutir el cobro o el pago de la indemnización en aquella persona que en su caso hubiera podido ocasionar el daño".

La responsabilidad profesional sanitaria es una disciplina jurídica que suscita una gran atención ante el incesante incremento en el número de reclamaciones judiciales, muchas de ellas como consecuencia del Covid.

Ofelia De Lorenzo y Pablo Montalvo presentan una obra que analiza con un enfoque eminentemente práctico los derechos de los pacientes.

La obra se centra en las cuestiones clave: el derecho a la información clínica, el consentimiento informado, la historia clínica, etc.

Asimismo se analizan las responsabilidades civiles y penales, y la responsabilidad patrimonial de los servicios de salud. Todo ello en base a los pronunciamientos más significativos en la materia, efectuando un estudio de las singularidades existentes entre las distintas jurisdicciones.

Una obra práctica que por fin ofrece luz sobre una la responsabilidad profesional sanitaria, disciplina jurídica que mayor atención suscita, no solo ante el incesante incremento en el número de reclamaciones judiciales que se siguen produciendo en el campo de la responsabilidad por daños a la salud, pero igualmente las que se prevén se producirán como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Los motivos de este incesante crecimiento de la litigiosidad son, primero que la relación entre el médico y el paciente ya no descansa tanto en la confianza o la habilidad del profesional sanitario, si no en su experiencia y capacidad de trabajo, que además resulta que se desarrolla en un medio más tecnificado y especializado, dominado por estructuras públicas, semipúblicas o privadas; segundo, el paciente ya no concibe la salud como suerte, sino que se concibe como derecho, lo que implica un cambio importante de actitud y por último, la súper especialización médica y los enormes avances científicos que se producen casi a diario.

Por ello el presente Claves Prácticas ofrece respuestas claras y concisas a quien pretenda exigir responsabilidades civiles y penales a los profesionales, así como responsabilidad patrimonial de los servicios de salud, públicos o privados.