El Ministerio de Sanidad tiene una estrategia para evitar la presión asistencial ante una segunda oleada de Covid-19: vacunar de la gripe al 75 por ciento de los profesionales sanitarios. Sin embargo, sólo el 34 por ciento del colectivo se vacunó el pasado año, por lo que algunos partidos políticos como el Partido Popular son partidarios de obligar al personal sanitario a vacunarse. Preguntado por esta cuestión, Ricardo De Lorenzo, doctor en Derecho y Presidente en De Lorenzo Abogados; advierte que la Constitución española ya contempla esta posibilidad.

"No hace falta buscar instrumentos legales para que esta vacunación sea obligatoria para algunos colectivos como el sanitario", señala De Lorenzo, que detalla el contenido del artículo 43 del texto constitucional sobre la protección de la salud.

La crisis del coronavirus Covid-19 ha obligado a dar asistencia a los pacientes a través de consultas telefónicas para minimizar los riesgos de contagio. SIn embargo, esta forma de atención, en la que no hay contacto físico, no escapa a una de las peores lacras que sufre la sanidad española: la violencia contra los profesionales sanitarios. De hecho, pese a la complejidad para demostrar las agresiones o amenzas, éstas pueden ser sancionadas con hasta 400 euros al día durante tres meses.

Preguntado por esta cuestión, Ricardo De Lorenzo, doctor en Derecho y Presidente en De Lorenzo Abogados afirma que es "difícil" obtener la "prueba de que alguien haya amenazado por teléfono a un médico y establecer la relación entre la agresión y el delito contemplado en el Código Penal; salvo que se haya producido una grabación".

Entrevista con Ofelia de Lorenzo, nuestra Socia – Directora del Área Contenciosa, en Diario Vasco en la que defiende la necesidad de resolver los conflictos judiciales que se avecinan mediante la mediación, al margen de los tribunales porque reconoce que "va a haber un aluvión de demandas a colapsar con toda probabilidad el sistema judicial".

Ofelia de Lorenzo, nuestra Socia – Directora del Área Contenciosa, analiza en este artículo que hay casos en los que el trabajador no se puede negar pero la empresa tiene la obligación de compensar algunas situaciones.

El presidente de De Lorenzo Abogados, Ricardo De Lorenzo, enumera las leyes que podrían usarse ante un posible rebrote del Covid-19 en la desescalada.

Ricardo De Lorenzo apunta a Redacción Médica de la existencia de una combinación de leyes de salud pública, protección civil y seguridad nacional como posible plan B ante una emergencia sanitaria.

Precisamente, De Lorenzo señala a que esa alternativa jurídica hace que el mando único de Moncloa y el confinamiento más restrictivo se tambaleen. Aspectos con los que ya cuentan desde el gabinete de Sánchez, al conceder plena libertad a las CCAA para confeccionar su particular desescalada en fase 3, y teniendo en cuenta además que regiones como Madrid y Barcelona entrarían en fase 3 el próximo 21 de junio, el mismo día en el que decaería el estado de alarma.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 26 de mayo, tal y como pedía la Organización Médica Colegial (OMC), un Real Decreto-ley, en el que se adoptan diversas medidas en el ámbito agrario, económico y científico, además de varias de carácter laboral y de la Seguridad Social, con el objetivo de paliar los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19, en las que reconoce que las prestaciones al colectivo sanitario se consideren derivadas de accidente de trabajo, cuando haya contraído el nuevo coronavirus durante cualquiera de las fases de la epidemia por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión. De esta manera, hay luz verde a la petición de la OMC y sus servicios jurídicos que se encargaron de certificar su necesidad, liderados por nuestro presidente Ricardo De Lorenzo y Montero.