La normativa vigente deja fuera de toda duda la potestad del Ministerio de Sanidad para imponer el uso obligatorio de mascarillas en los hospitales y centros de salud de todas las comunidades autónomas (CCAA). Aunque las competencias sanitarias estén transferidas a los gobiernos regionales, la “urgente necesidad” derivada del repute de casos de gripe y covid y la saturación de los servicios sanitarios avala la decisión.

La intención del departamento de Mónica García, si no se volviera a llegar a un consenso con las CCAA en lo referente el uso obligado de mascarillas 48 horas después del Consejo Interterritorial celebrado este lunes, es la de actuar de oficio al respecto mediante una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública, una medida reflejada en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete homónimo y experto en Derecho Sanitario, indica a Redacción Médica que, en principio, aunque recurrir a una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública corresponde al Ministerio de Sanidad, este necesita contar con el beneplácito del Consejo Interterritorial, “salvo en situaciones de urgente necesidad”. He ahí el quid de la cuestión. En esos casos, “se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se informará al Interterritorial de ello de manera urgente”.

El experto recuerda que, de hecho, la fórmula por la que optará Sanidad es la misma que se empleó durante la pandemia de coronavirus para limitar los derechos fundamentales de movilidad y actividad laboral y comercial, como el recorte de los horarios en la hostelería, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle.

“Al terminar el estado de alarma, las comunidades habían recuperado sus competencias en materia de sanidad, pero el ministerio recurrió a ese mecanismo para unificar restricciones concretas”, explica, aunque, en relación a la situación actual, advierte de que, tal y como ya hicieron algunos de los consejeros autonómicos este lunes: “No se ha tenido en cuenta a la Comisión de Salud Pública y Ponencia de Vacunas, no se ha cumplido el procedimiento y no se ha convocado previamente el órgano técnico, que en este caso es la Comisión de Salud Pública”.