Galicia se ha convertido este martes en la primera comunidad autónoma en aprobar una reforma de la Ley de Salud autonómica que permite sancionar con multas de entre 1.000 y 600.000 euros a las personas que se nieguen injustificadamente a vacunarse contra el Covid-19 y contra posibles virus futuros.

Ricardo De Lorenzo considera que esta ley “tiene un complicado encaje constitucional”, porque la misma “se basa en el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica que corresponde al Estado en materia de sanidad interior”.

De Lorenzo detalla que “las restricciones de derechos fundamentales no pueden estar contempladas en leyes ordinarias, sino orgánicas, y hasta que esta exista, seguirá siendo “indispensable” la aprobación de un juez. Si queremos que no sea necesaria su intervención es muy simple, la ley tiene que ser más estricta y precisa, y establecer niveles de gradación progresivos, que concrete las competencias del Gobierno y los autonómicos”.

Su solución para evitar estos conflictos es que se proceda a la “reforma de la ley de salud pública por la vía de urgencia”, permitiendo poner en marcha “medidas inmediatas y urgentes de cuarentena, limitación de movimientos o confinamiento para hacer frente a las nuevas oleadas de la Covid-19 que permita un sólido soporte legal a las comunidades para gestionar la etapa actual, lo que evitaría el vacío legal y el caos regulatorio actual. La realidad es tan cruda que hasta los jueces se lo han reprochado al Gobierno”.