Los juristas consideran que la ley gallega que sanciona a quienes se oponen a inmunizarse "esquiva la Constitución", impone una "obligatoriedad encubierta" y "es inaplicable". Subrayan que no se puede multar por no vacunarse. Ricardo De Lorenzo explica que "en España la vacunación es voluntaria y si el paciente se niega sería necesario el respaldo judicial".

Señala que "para sancionar hace falta la exigencia previa de obligatoriedad. Galicia carece de competencias para imponerla. La arquitectura jurídica de que no sea obligatoria pero se sancione a quien se niegue a vacunarse hace que Galicia imponga una obligatoriedad encubierta de difícil encaje constitucional".

De Lorenzo descarta la "solución Feijoó": "Galicia no puede regular un límite de los derechos fundamentales, que no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada. Si Galicia no puede regular un límite a derechos fundamentales, habrá que ver si lo que puede es desarrollarlo, lo que podría ser viable si hay una legislación previa nacional".