Noticias De Lorenzo Abogados

15
11
2022

HASTA 2 AÑOS DE CÁRCEL POR PASAR CONSULTA DE OTRA ESPECIALIDAD EN SECRETO


Los médicos que pasen consulta a los pacientes en una especialidad que no es la suya corren el riesgo de ser denunciados por un delito, siempre y cuando no hayan informado previamente a los enfermos sobre cuál es la rama del conocimiento en la que han realizado la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Una infracción legal que puede terminar derivando en la vía penal y acarrear sanciones de hasta los dos años de prisión.

El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, ha explicado a Redacción Médica que hay tres escenarios legales diferentes que pueden implicar diferentes penas para los implicados. El primero de los casos corresponde con el delito de intrusismo laboral, definido en el artículo 403 del Código Penal para condenar a las personas que ejerzan una profesión sin poseer el título académico correspondiente. La sanción oscilaría en una multa de entre seis y doce meses. En el caso de que la actividad profesional desarrollada exija un título oficial que acredite la capacitación necesaria y no se estuviera en posesión del documento, la multa rondaría entre los tres y los cinco meses.

Sin embargo, esta conducta se agrava cuando se trata de un local o un establecimiento abierto al público en el que se anuncie la prestación de servicios propios a una profesión determinada, algo que encajaría por ejemplo con una consulta de una especialidad médica en la que no se indique que el facultativo cuenta con otra formación. La condena en este caso iría desde los seis meses hasta los dos años de prisión, según los cálculos del asesor jurídico de la Organización Médica Colegial (OMC).

Aunque atender a pacientes fuera de la especialidad en la que un médico se ha formado no acarrea un problema legal por sí mismo, el facultativo sí que tiene la obligación de informar al paciente para que conozca esa situación, de acuerdo a los derechos reconocidos en la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente del año 2002. “La ley no impide a un médico general sin especialidad llevar a cabo cirugías de una determinada especialidad pero sí que castiga a quien dice que es lo que realmente no es y a quien no es transparente e intenta evitar que sus pacientes comprueben su titulación”, ha explicado De Lorenzo.

El presidente del bufete De Lorenzo Abogados ha recordado que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (2003) establece que los profesionales deberán facilitar a los pacientes su derecho a conocer el nombre, titulación y especialidad de quienes les atienden. Mientras que en su artículo 16.3 se recoge que la denominación de ‘especialista’ es necesaria para ocupar un puesto de trabajo como tal tanto en centros públicos como privados.

“El médico que, sin poseer el título de especialista, proyecta realizar una intervención que puede considerarse típica de tal especialidad, está obligado a considerar si posee realmente la competencia para hacerla y si está dispuesto a asumir la plena responsabilidad por las consecuencias de su actuación”, ha apostillado el jurista.

¿Qué responsabilidad tiene la Administración?

El debate jurídico sobre la falta de información de los especialistas ha llegado en un momento marcado por las dificultades de algunos servicios de salud para cubrir las plazas de Medicina de Familia en los puestos de difícil cobertura. Una realidad que ha desencadenado casos como el del Centro de Salud de Peñíscola (Castellón) que ha puesto a pediatras a pasar consulta con pacientes adultos ante la escasez de recursos humanos.

Aunque la responsabilidad penal del médico es intransferible, De Lorenzo ha apuntado a que las autoridades sanitarias también pueden incurrir en “mala praxis médica” si ordenan a los facultativos ejercer fuera de su especialidad sin poner medidas para que los pacientes puedan identificarles correctamente. “Existiría una responsabilidad patrimonial de la Administración”, ha apostillado.

El jurista ha hecho extensible este fenómeno a aquellos médicos generales o especialistas que desarrollan su labor en otros países sin contar con los permisos, las homologaciones o las convalidaciones pertinentes para poder ejercer.

Redacción Médica

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07
11
2022

SI EL FACULTATIVO NO INFORMA AL PACIENTE SOBRE SU RAMA DE CONOCIMIENTO PUEDE INCURRIR EN UN DELITO DE INTRUSISMO


Los médicos que atiendan a los pacientes en las consultas de otras especialidades pueden enfrentarse a una demanda penal por un delito de intrusismo si no informan previamente a los enfermos de cuál es la rama de conocimiento en la que se han formado. Esta advertencia es una de las claves que ha puesto sobre la mesa el director de Asesoría Jurídica de la Organización Médica Colegial (OMC), Ricardo de Lorenzo, en el seno de un profundo debate sobre los límites en las competencias del colectivo de facultativos.

La observación llega en un momento marcado por la búsqueda de soluciones para combatir la escasez de especialistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a la hora de cubrir las plazas de difícil cobertura en algunos territorios. Un problema que ha llevado, por ejemplo, al Centro de Salud de Peñíscola a poner a un pediatra a pasar consulta a pacientes adultos en el área de Familia debido a la dificultad para encontrar más profesionales.

De Lorenzo ha aclarado que atender a enfermos fuera de tu área no es en sí mismo un problema legal ya que “el título faculta para el ejercicio de cualquier acto o especialidad”. Sin embargo, informar correctamente al enfermo sobre la titulación sí que es una obligación que viene recogida en la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente del año 2002 que blinda el derecho a la "información y consentimiento" en la asistencia sanitaria.

El presidente del Bufete De Lorenzo Abogados ha explicado que esta normativa no solo reconoce la obligación del facultativo para ofrecer un diagnóstico y un pronóstico a sus pacientes, sino que también implica la presentación de alternativas al tratamiento. Algo para lo cual resulta esencial que el enfermo conozca la especialidad de quien le está atendiendo. “Me tiene que decir la capacidad que usted tiene”, ha apuntado el jurista.

“Existe un riesgo. La responsabilidad penal es personal e intransferible. Otra cosa es la responsabilidad civil que también pueda tener la Administración”, ha apostillado el asesor jurídico de la Organización Médica Colegial.



Redacción Médica

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Médicos y Pacientes

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03
11
2022

DISOCIAR LA GESTACIÓN DE LA MATERNIDAD GENERA UN INTENSO DEBATE MÉDICO, JURÍDICO, ÉTICO Y DEONTOLÓGICO


La tercera y última mesa del III Encuentro hispano-brasileño, “Maternidad subrogada y sus problemas éticos”, ha contado con la participación de Ángela Escribano, Miguel Lorente, la Dra. María Castellano y Ofelia de Lorenzo. Además, la Dra. Zaida Arteta, presidenta de CONFEMEL, ha actuado como moderadora, y la Dra. Mª Isabel Moya, vicepresidenta primera del CGCOM, como relatora

Ofelia de Lorenzo, directora del Área Contenciosa de De Lorenzo Abogados y vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), ha intervenido acerca de “Cómo afecta la gestación subrogada y el bien superior del menor”. Para de Lorenzo, es importante precisar que “la denominación correcta en virtud de que la mujer que actúa como gestante, precisamente gesta un hijo para otro, es, de acuerdo con la Ley 14/2206 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA), gestación por sustitución”.

Hay una carencia, muy notoria cuando se habla de la gestación por sustitución sobre el bebé que nace y la consideración del llamado “interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo”, ha afirmado. Es esencial cuestionarse si el proceso de maternidad por sustitución es bueno para los niños y las niñas, ha destacado. Para la abogada, “normativamente, supone una vulneración en cuatro aspectos fundamentales: es un riesgo de tráfico de niños, riesgo de cosificación del niño y de la cosificación, la inseguridad jurídica para el menor, y el riesgo en los problemas relacionados con el origen biológico del niño o la niña”.

“El deseo de las parejas estériles debe ser escuchado por la sociedad y si es posible”; así, “un marco regulatorio internacional común sería una posible solución”, aunque la realidad es que es imposible alcanzar tales acuerdos, ha destacado Ofelia de Lorenzo. Sin embargo, no todos los deseos de los adultos deben ser considerados como derechos, “máxime si ello implica lesiones a la dignidad y a los derechos de otros sujetos implicados, especialmente de las mujeres más vulnerables y los hijos”, ha concluido.



Médicos y Pacientes

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21
10
2022

RICARDO DE LORENZO: "EL DERECHO SANITARIO ES INQUIETO Y ESTÁ SUJETO A CONTINUAS ADAPTACIONES"


La mera celebración del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario constituye, a juicio de Ricardo De Lorenzo, un triunfo de esta rama jurídica, pues asienta una “marca” y una “forma de ser asociativa” entre sus especialistas. “No es de extrañar que un evento como este se convierta en un acontecimiento cultural de primer orden”, ha reivindicado el abogado y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), quien ha considerado que esta asamblea supone una “aportación trascendente al progreso” de un Derecho Sanitario que “no es estable y sosegado, sino inquieto, sin reposo y sujeto a continuas adaptaciones”.

Con estas palabras ha inaugurado el también presidente del bufete De Lorenzo Abogados esta vigésimo octava edición del Congreso de la AEDS, que ha contado con la Presidencia de Honor de Felipe VI y doña Leticia y a la que han asistido, entre otros, responsables de consejos y colegios profesionales sanitarios y de sociedades científicas, autoridades políticas y magistrados y fiscales del Tribunal Constitucional, el Supremo y Tribunales Superiores de Justicia.

“En nombre del Derecho Sanitario, gracias por vuestra presencia respaldando nuestro esfuerzo y trabajo”, ha exteriorizado De Lorenzo, quien ha destacado que el Congreso “brinda un año más la oportunidad de establecer contactos y relaciones personales entre juristas y sanitarios eminentes” que “cultivan con entusiasmo y competencia una rama del Derecho de trascendencia social”.



Redacción Médica

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20
10
2022

OFELIA DE LORENZO: “LA SALUD YA NO SE CONCIBE COMO SUERTE SINO COMO DERECHO”


La especialista en derecho sanitario y mediadora, habla de la crisis jurídico-sanitaria, de la eutanasia y de las reclamaciones por cirugía estética.

Ofelia de Lorenzo (Madrid, 1978) es una abogada especialista en derecho sanitario y mediadora sanitaria. Es vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y socia de la Plataforma REDES (Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario).

Entrevisto a Ofelia en el despacho de De Lorenzo Abogados, del que es socia. Bibliotecas, pasillos, despachos, cuadros… Se respira el peso, el rigor y la seriedad del Derecho.

El Español

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17
10
2022

RICARDO DE LORENZO, NOMBRADO ACADÉMICO DE HONOR-ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA


La junta de gobierno de la Academia Médico-Quirúrgica Española, celebrada el pasado 19 de septiembre, ha decidido nombrar a Ricardo de Lorenzo, experto en derecho sanitario en España y director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM) como Académico de Honor-Academia Médico-Quirúrgica Española.

El presidente de la Academia Médico-Quirúrgica Española, Luis Ortiz Quintana, ha enviado una misiva a Ricardo de Lorenzo comunicándole que, una vez analizados los méritos de los candidatos, se acordó por unanimidad proponer a de Lorenzo como Académico de Honor de la corporación en base “a tu enorme apoyo y logros conseguidos en defensa de los derechos tanto civiles como penales de nuestros profesionales”.

Tras recibir la noticia, Ricardo de Lorenzo, ha expresado que “constituye para mí una gran satisfacción pertenecer a la Academia Médico-Quirúrgica, Institución con más de 170 años de historia, fundada en 1844, integradora de los conocimientos médicos y quirúrgicos, a la que han pertenecido grandes figuras de la Medicina española como los doctores Marañón, Sánchez Covisa, Ortega, Novoa Santos o Pedro Mata y Fontanet, es motivo de gran satisfacción, al poder ver desde la humildad de un jurista, como la razón de mi dedicación al Derecho Sanitario ha podido hacer realidad el encuentro adecuado entre dos grandes humanismos, como son el Derecho y la Medicina, entendida esta última en su más amplio sentido de ciencia sanitaria o ciencia de la salud”.

La toma de posesión con la entrega de la venera y el diploma que le acredita como Académico de Honor se efectuará durante el acto inaugural del curso académico 2023, que tendrá lugar el día 22 0 28 de febrero, fecha aún por determinar, a las 19,00 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Pza. Ramón y Cajal, s/n (Ciudad Universitaria) — 28040 Madrid.

Ricardo de Lorenzo es uno de los mayores expertos en derecho sanitario de España. Es doctor en Derecho, presidente de honor del bufete que lleva su nombre, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM); académico correspondiente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y Nacional de Medicina de España y académico corresponsal de la Academia Médico Quirúrgica de Lugo. Está en posesión, entre otras, de la Medalla al Mérito en el servicio a la Abogacía Española y la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.



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