Unos de los comentarios del verano ha sido sin lugar a duda la sentencia dictada en el caso del juicio seguido contra Juan Manuel Fernández Montoya “Farruquito”, en la que se le condena a la pena de 8 meses de prisión y 4 años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, por un delito de homicidio imprudente al haber utilizado vehículo a motor, apreciando el juzgador las atenuantes analógicas de reparación del daño causado y confesión, debiendo indemnizar a la viuda de la víctima en 102.483,55 euros (17.051.828 ptas.), y en 8.275,03 euros (1.376.894 ptas.) a cada uno de sus progenitores, cantidades de las que responderá conjunta y solidariamente el Consorcio de Compensación de Seguros, al carecer en el momento de ocurrir los hechos del correspondiente y preceptivo seguro obligatorio de responsabilidad civil en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores.

Asimismo, se le condena igualmente a la pena de otros 8 meses de prisión y multa de 960 euros por un delito de omisión del deber de socorro, apreciando también la atenuante analógica de confesión, y a las tres décimas partes de las costas procesales causadas, absolviéndolo del resto de los delitos de que venía acusado.

Es inevitable recordar algunas otras sentencias como la de la Audiencia Nacional que condenó al comando Barcelona de ETA a indemnizar a los herederos del ex ministro de Sanidad Ernest Lluch con 464.593 euros (77.301.700 ptas.), por su participación en el vil asesinato perpetrado en el garaje de su domicilio de Barcelona el 21 de noviembre de 2000 o cualquier sentencia de las que diariamente comentamos en el sector sanitario, sin ir más lejos la condena al cirujano que intervino a una enferma que acudió a una clínica privada de Barcelona para ser intervenida de una hernia discal, y contrajo una infección hospitalaria que desgraciadamente la ha dejado parapléjica, y cuya indemnización cifró el Tribunal en 1.8 millones de euros (aproximadamente 300 millones de pesetas)…

Siguiendo a Bodino (Methodus 1566) existen dos tipos de Justicia, la justicia correctiva que se expresa mediante una igualdad aritmética, y la justicia distributiva que lo hace en proporción geométricas o analógicas. Bodino establece que el Gobierno que se apoya en una justicia aritmética es el que quiere, en sentido estricto, la igualdad de todos, mientras que aquel que se basa en la justicia geométrica y atiende a razones proporcionales es evidentemente elitista o aristocrático. Da que pensar…

Publicado en Redacción Médica el Jueves 1 de Septiembre de 2005. Número 167.AÑO I